Eluana no encuentra un hospital que le desconecte la sonda

No será Udine el lugar de la muerte de Eluana Englaro. A casi un mes de la sentencia firme del Supremo, que autorizó a desconectar la sonda que alimenta a la mujer, de 37 años y en estado vegetativo desde los 20, su familia no encuentra un hospital público que acate la decisión. Los abogados denuncian "presiones del poder político, que quiere imponer su criterio al de los jueces", y sugieren como causa fundamental, sin nombrarla, el rechazo frontal del Vaticano a la sentencia. "No vivimos en un Estado serio", afirma el constitucionalista Vittorio Angiolini.

Beppino Englaro, el padre de Eluana, ha preferido guardar silencio desde que se conoció la decisión judicial, que no es recurrible. Quiere hacer las gestiones médicas con discreción, para no soliviantar más a los medios católicos. "La única forma de salir de esta situación es el silencio, porque cada cosa que diga será utilizada en contra de Eluana".

El Vaticano reaccionó de forma fulminante contra la sentencia. Suspender la hidratación y la alimentación a Eluana sería "una monstruosidad inhumana y un asesinato", dijo. La sentencia del Tribunal de Apelación, refrendada por el Supremo, puso como condición que la suspensión de la alimentación artificial se realice en "una unidad de cuidados paliativos u otro lugar adecuado". Las regiones de Lombardía, Toscana y ahora Friuli, región natal de Englaro padre, se han negado a poner sus centros sanitarios a disposición de la familia. En Udine, la presión de los médicos católicos del hospital Santa María de la Misericordia se ha impuesto a la voluntad del gobernador de la región, Renzo Tondo, amigo de Englaro.

Obstruccionismo

La abogada y tutora judicial de Eluana, Franca Alessio, denuncia "tomas de postura ideológicas, obstruccionismo, intromisiones indebidas y presiones". "No encontramos centro sanitario, y no sabemos cuánto tiempo habrá que esperar aún. La sentencia es firme, pero no conseguimos cumplirla".

Su compañero de equipo legal, Angiolini, declaró ayer que confía en superar las dificultades, y que el caso demuestra que Italia "es un Estado poco serio, porque uno serio garantizaría la ejecución de una sentencia firme". "La imagen internacional del país está en juego", dijo. "Si no se ofrece un centro sanitario de forma espontánea buscaremos ayuda en la justicia administrativa para ejecutar la sentencia".