Un informe alerta de la poca eficacia de las ayudas públicas a empresas
Profesores de la universidad creen que no benefician a sectores que lo necesitan
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"Continuar diseminando recursos en actividades maduras en una suerte de lluvia fina que no moleste a nadie no va a ayudar a dinamizar nuestra economía". Ese es el diagnóstico que desde la universidad realizan varios catedráticos en el informe Chaves da economía pública galega, editado por Galaxia. El capítulo dedicado a la política industrial expone claras dudas de que las medidas para el fomento empresarial persigan de forma eficaz los objetivos que predican. "La realidad demuestra un panorama delusorio", señala el texto firmado por los catedráticos de la Universidad de Vigo Xosé H. Vázquez, Gloria Caballero y Pilar Piñeiro. Con medidas intervencionistas que surgen más de un "acto de fe" que de la evaluación objetiva sobre las posibilidades y la orientación de la intervención pública, el texto explica que los políticos ignoran muchas veces qué ventajas tiene subvencionar determinadas actividades sobre otras, lo que los lleva a olvidarse de aplicar el "rigor de mercado". "Esto explicaría por qué las empresas de referencia gallegas no le deban absolutamente nada a ninguna subvención en particular, y sí al esfuerzo y al buen criterio empresarial de sus propietarios y trabajadores".
El Igape tiene 40 líneas distintas que pueden confundir a las empresas
Los autores parten de la base de que son necesarias las ayudas, "pero no a cualquier precio". Emplear a la Administración pública para "redistribuir subvenciones de empresas y sectores eficientes en empresas y sectores ineficientes es la apuesta más segura para fracasar en una economía globalizada".
Para dirigir estas críticas, los autores han analizado el comportamiento de los tres principales protagonistas del gasto público en empresas: el Igape (dependiente de la Consellería de Economía), la Dirección Xeral de I+D+i, (Innovación) y la Dirección Xeral de Promoción do Emprego (Traballo). Y echan la vista atrás casi diez años para concluir que, por ejemplo, las ayudas a la creación de empresas se realizó en Galicia prioritariamente en sectores maduros en detrimento de otros innovadores. Lo mismo ha pasado con el papel realizado por el capital riesgo: en el año 2004, Xesgalicia sólo dedicaba el 40% de su inversión a sectores emergentes. En cuanto al momento actual, el trabajo considera que estas consellerías llevan adelante iniciativas que no parecen estar conectadas. Y en especial se refiere a la línea de Traballo para empresas de base tecnológica, que no acierta en su "resultado final". Otro aspecto puesto de relieve por los profesores de la Universidad de Vigo está en el hecho de que se fomenten carreras de ciencias sociales. Creen que así "es más barato satisfacer las demandas localistas de titulaciones que con carreras de ciencias". El problema está en que transcurrido el tiempo, los licenciados pasan a ser objeto de programas de empleo por un exceso de titulados en el mercado. Argumentan que incluso algunas ayudas para el fomento del empleo llegan a resultar contraproducentes porque, a la larga, "comprometen la viabilidad de las empresas".
Capítulo aparte merece su número: "Existen casi 40 líneas en el Igape, que unidas al resto, pueden generar confusión". En cuanto a su incidencia, los expertos señalan que "la ignorancia es tan grande que se dan aberraciones tan inútiles como la de valorar la bondad de una subvención en función del número de solicitudes".
A modo de conclusión, el informe señala que, a pesar de que son muchas las dificultades para acertar "en el contenido, ritmo y frecuencia de las reformas", a Galicia le bastaría con fijarse en modelos que sí funcionan. Y pone el ejemplo de Cataluña, que independientemente de sus gobiernos, aglutina en un solo organismo todas las medidas que aquí realizan varias consellerías. También echan mano del caso irlandés, donde las autoridades tienen claro que el objetivo es mejorar el capital humano y liberalizar su economía, lo que les ha abierto las puertas de la inversión extranjera. "No hay razón para pensar que Galicia no pueda imitar las mejores prácticas", concluyen.
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