Rajoy sube la presión al exigir echar a los alcaldes de ANV antes de marzo

Pocas veces una negociación de impacto político se produce ante decenas de personas. Sucedió ayer, en la recepción del día de la Constitución, cuando Mariano Rajoy, el líder del PP, y Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior y persona de confianza del presidente del Gobierno en asuntos vascos, charlaron un buen rato en el salón de Pasos Perdidos del Congreso. Discutían sobre un asunto de actualidad: ¿Se pueden disolver los municipios de ANV con la ley actual?

Rajoy insistió ante Rubalcaba, y después ante los periodistas, en que sí se puede. "Es cuestión de voluntad política", repetía. El ministro discrepaba. Para él, la actual redacción -modificada en 2002 precisamente para poder disolver ayuntamientos en manos de proetarras- no vale. La norma habla de "acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen".

Rubalcaba le explicó a Rajoy que el Gobierno entiende que no se puede decir que, por la renuncia a condenar un atentado de un alcalde, se pueda hablar de un apoyo "reiterado y grave" a ETA. Además, insistió el ministro, la ley habla de actuaciones de las corporaciones, y en el caso de Azpeitia, por ejemplo, el consistorio sí condenó, y fue el alcalde, en minoría, quien no lo hizo.

Rajoy insistió una y otra vez, y después lo contó a los periodistas para aclarar la posición del PP. Este partido no sólo está convencido de que se puede activar el proceso de disolución de los 42 ayuntamientos de ANV, ha buscado incluso una solución al vacío de poder que se crearía. Rajoy propuso a Rubalcaba que se hagan coincidir las elecciones en esos 42 municipios -es lo que la ley marca después de una disolución, algo que sólo se ha hecho con Marbella- con los comicios autonómicos vascos de marzo.

El ministro insistió en que la ley no vale. No le convencieron las razones políticas de Rajoy y por eso le pidió una argumentación jurídica, la única que vale, en su opinión, para evitar que el Supremo o Estrasburgo tumbe cualquier decisión. Rajoy se comprometió a enviarle un informe jurídico esta semana. El Ejecutivo quiere reformar la ley para echar a los 42 alcaldes de una formación ilegalizada, como ANV, y está estudiando fórmulas, pero cree que es mucho más útil, más rápido y menos complejo legalmente que sean los partidos vascos quienes, a través de mociones de censura, echen a ANV. En Azpeitia ya se está trabajando en esa línea.

El PP ha decidido tomar la delantera en este asunto al Gobierno para que se vea con claridad su discurso. Los populares sostienen que no son ellos los que se han vuelto moderados y ahora apoyan al Gobierno en la lucha antiterrorista. Es el Ejecutivo, dicen, el que ha cambiado su política y ahora hace lo que siempre pidió el PP: no negociar y dañar a ETA y a su entorno con persecución policial y medidas legales, como la ilegalización de ANV.

Mientras, el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que el miércoles ofreció su apoyo al Gobierno, cambió ayer el tercio. Le presionó, como Rajoy, para que disuelva los ayuntamientos, y aseguró que el Ejecutivo permitió que ANV estuviera en los consistorios "para negociar" con ETA. "Y si ahora no los sacan, voy a pensar que se quiere seguir negociando con ellos, porque es una cuestión de voluntad política", sentenció.