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Análisis:30º aniversario de la Constitución
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Tomarse la Constitución en serio

El 6 de diciembre conmemoramos los españoles el 30 aniversario de la Constitución. La primera de consenso muy mayoritario asentada en la lealtad de la mayoría y en un espacio libre para la crítica y la mejora. La defensa y el elogio de la Constitución de 1978 es compatible con la reforma en aquellos aspectos que parezcan obsoletos, superados o innecesarios. Se han señalado varios, la correcta organización del Senado como Cámara de representación territorial (artículo 69), la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Corona, a partir del reinado futuro de don Felipe de Borbón y Grecia (artículo 57.1), una referencia relevante a la Unión Europea (en el contexto de los artículos 94 y siguientes) y una modificación del Título VIII, en su Capítulo Tercero De las Comunidades Autónomas, para suprimir todos los artículos que se refieren al acceso a la autonomía, situación ya superada con todas las comunidades autónomas constituidas. En cambio, se debe añadir un texto que describa con su nombre a todas las comunidades para dejar claro el carácter fijo e inamovible de éstas y la imposibilidad de secesión o de organizarse al margen de la Constitución. De estas reformas se viene hablando desde hace años y parece que cabría un acuerdo suficiente sobre ellas. Teniendo en cuenta que para llevarlas a cabo hay dos procedimientos diferentes (artículo 167 y 168), si se realiza de una sola vez, lo que parece procedente, agrupando las cuatro reformas, el procedimiento será el más exigente (artículo 168) y será preceptivo el referéndum.

A mi juicio, procede una quinta reforma, la de la Ley Electoral, que también exige una leve reforma de la Constitución. Creo que sería el camino único posible para superar el excesivo papel de los partidos nacionalistas, que cuentan mucho más de lo que sus votos y sus escaños permitirían en una situación de normalidad. En las circunscripciones donde se presentan esos partidos, Euskadi, Cataluña y Galicia, en la distribución de esos escaños no desperdician casi ningún voto. Sin embargo, los dos grandes partidos, PSOE y PP, e IU desperdician muchos votos en cada circunscripción electoral una vez utilizados los que sirven para obtener un escaño. Por eso se debería ampliar el número de escaños, hasta los 400 que permite la Constitución y utilizarlos para aplicar en esos 50 que se añaden los votos no utilizados en las circunscripciones provinciales y distribuirlos entre los partidos que los hubieran recibido. Los beneficiarios serían los ya citados PSOE, PP e IU, lo que restablecería la justicia del reparto y permitiría un relanzamiento de IU, con reforzamiento de un sentido institucional. Quizás ese nuevo escenario permitiría a IU despegarse de su colaboración con el separatismo de Ibarretxe en el País Vasco.

En todo caso, todas estas propuestas de reforma no afectarán al núcleo central del consenso en el gran pacto social que se estableció en 1978, que se debe mantener y reforzar con ocasión de este aniversario. Continuidad y profundización deben ser expectativas para la celebración y también para la toma de conciencia del valor de las reglas de juego y de las instituciones, valores, principios y derechos que nos rigen y la necesidad de reforzar la lealtad y la eficacia de sus normas. ¡Hay que tomarse la Constitución en serio!

Es también ocasión para identificar comportamientos y actitudes que rompen con la lealtad, que se desvían de una interpretación y de una aplicación correcta de nuestra Carta Magna, que representan ideologías antimodernas incompatibles y que incluso impulsan desobediencias que cuestionan y se apartan del juego limpio de nuestras reglas de juego, e intentan evitar una educación que las comunique a las nuevas generaciones. 30 años son suficientes para valorar las experiencias vividas, las desviaciones y las traiciones, que de todo ha habido, aunque en verdad debemos estar satisfechos por el seguimiento muy mayoritario y por la obediencia habitual a las normas. Naturalmente que se puede discrepar de la Constitución, del núcleo central de valores y de principios que la identifican desde la palabra y no desde la violencia, aunque no se pueden rechazar los procedimientos de toma de decisiones basadas en los principios de las mayorías y de la negociación.

En la tipología de los comportamientos rebeldes y desviados los más chocantes son los más toscos y groseros, como los que ha protagonizado el lehendakari Ibarretxe y sus socios del tripartito, que han arrastrado al PNV, un partido que siempre había acatado la legalidad. El hecho de que el principal representante del Estado en la comunidad autónoma vasca encabece un movimiento secesionista al margen de los procedimientos es una felonía incalificable, una irresponsabilidad y una forma de irracionalidad que ha llevado a ese país a un callejón sin salida. Los vascos, con sus votos, son los que deben reorientar ese itinerario imposible. Sólo la locura de los criminales de ETA supera, por su violencia a los desvaríos que acabamos de describir.

Por lo ampliamente que se desvió de lo que representa la Constitución, sigue en el ranking la jerarquía de la Iglesia española encabezada por Rouco Varela y por los movimientos integristas afines, que disimulan mal su rechazo de los valores constitucionales, especialmente los que se refieren a la libertad personal y de conciencia, esa que un Papa del siglo XIX, Gregorio XVI, llamaba un pestilente error. También entienden de manera sesgada la laicidad, porque pretenden ventajas en relación con las restantes Iglesias y confesiones, privilegios otorgados sólo a ellos, que no caben en nuestro marco constitucional, y que expresan su ignorancia de la historia europea, su tradicionalismo y su antimodernidad, su inocencia histórica y su capacidad de olvido de las atrocidades del integrismo de su pensamiento, de su complacencia con los príncipes y sus "sagrados derechos", y su alianza estable con totalitarismos modernos, como el franquismo. La afirmación de la pastoral colectiva de los obispos en 1937 es la mayor traición posible a una Iglesia libre y defensora de la libertad, como muy juiciosamente señala Maritain en sus Reflexiones sobre las cosas de España con las que prologa el libro del profesor Mendizabal, Aux Origines de la Tragalie, publicado en Francia en aquellos años de Guerra Civil.

Por su poca relevancia, pasamos por alto a los grupúsculos de extrema derecha y de extrema izquierda, que suelen coincidir en el rechazo a nuestro modelo de Constitución, y dedicaremos la reflexión final en este aniversario a los presuntos defensores de la Constitución que no la toman en serio, y que con esa instrumentalización pueden también hacer un daño irreparable. Son los que la utilizan como trueque o como elemento de cambio para obtener ventajas, pensado en el éxito inmediato, desde el Gobierno o desde la oposición, aunque lo primero es más grave. Son los que evitaron recurrir ante el Tribunal Constitucional la segunda ley lingüística catalana cuando gobernaba el PP, y los que han permitido en los últimos años un proceso de reformas de los estatutos, que en su situación actual han podido sobrepasar por exceso los límites constitucionales. En algunos casos por ligereza se ha llegado a alimentar la supresión de los límites. Además, mayoría y oposición han practicado la política de los dos raseros, valorando de distinta manera las reformas de los estatutos, y viendo conforme a Derecho en un sitio lo que parecía un exceso escandaloso en otros. La culpa "in vigilando" con poco cuidado y poca profesionalidad han sido también signos de ligereza y de falta de responsabilidad. El juego limpio en relación con la Constitución exige vigor y escrupuloso cuidado en su garantía y en su mantenimiento, especialmente de quienes tienen obligación prioritaria de defenderla. Es el mayor homenaje que se puede hacer, desde el poder político e institucional más allá de las retóricas y de las grandes palabras. Además, siempre queda el Tribunal Constitucional.

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