El asesinato de Uria resucita los fantasmas de Lemóniz y Leizarán

El asesinato ayer del Ignacio Uria, consejero de Altuna y Uria, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE vasco, despertó viejos fantasmas de los ochenta y los noventa, cuando las amenazas y la sangre derramada por ETA logró paralizar algunos proyectos y modificar otros. El AVE no es la primera gran obra que ETA señala como objetivo ni el empresario Uria el único que ha sufrido la guerra sin cuartel de la banda a las grandes infraestructuras vascas.

Los etarras consiguieron salirse con la suya y que la central nuclear de Lemóniz, en la costa vizcaína, nunca llegara a funcionar. Su construcción arrancó en 1972, aunque la Dirección General de Energía no autorizó las obras de Iberduero hasta marzo de 1974. Hoy es un edificio fantasma, abandonado y sin ningún uso. El proyecto se dejó en 1982 cuando la central estaba ya casi terminada después de sufrir varios golpes. ETA asesinó en 1978 a dos trabajadores colocando una bomba en uno de los generadores de la central; al ingeniero José María Ryan, en 1981, que previamente fue secuestrado para pedir la demolición del edificio, y al hombre que le sustituyó en la dirección del proyecto, Ángel Pascual Mújica, un año después ametrallado por dos jóvenes en presencia de su hijo y de su escolta.

Tras el asesinato de Ryan, la mayoría de los técnicos que prestaban sus servicios en las tareas de construcción y puesta en marcha de la central dejaron de acudir a sus puestos de trabajo, por lo que las obras estuvieron prácticamente paralizadas durante varios meses. En un comunicado, la banda explicaría más tarde que Pascual era uno de los pocos que "a pesar de las advertencias de ETA no había abandonado el trabajo en la central, insolidarizándose con el conjunto de sus compañeros, como lo demuestra el hecho de llevar escolta armada".

En total, desde que comenzaron las obras hasta que el proyecto de la central de Lemóniz murió definitivamente, ETA asesinó a cinco de sus trabajadores. El coste de la paralización del proyecto, según un informe pericial elaborado para el juez Baltasar Garzón en 2004 ascendía a más de 5.876.740.000 euros, casi un billón de las antiguas pesetas.

La banda logró paralizar la central de Lemóniz en los ochenta y diez años después, que se cambiara el trazado de la autovía de Leizarán que conecta Guipúzcoa y Navarra. De nuevo, ETA bloqueaba un proyecto sobre el que Navarra había depositado esperanzas de progreso.

En octubre de 1989, la banda amenazó directamente a los ingenieros, altos técnicos, responsables y propietarios de empresas participantes en las obras de la autovía. En un comunicado, exigía la apertura de una moratoria de seis meses en el comienzo de los trabajos para elaborar un proyecto alternativo.

El 13 de noviembre de 1990 la banda dirigía una carta a las empresas constructoras de la autovía en la que amenazaba a quienes se negaran a poner punto final a las obras: "ETA les advierte por última vez", decía el escrito, de que, "en caso de no mediar un giro de 180 grados en su actitud y respetar de modo inmediato la moratoria demandada, nuestra organización les considerará automáticamente, tanto a ustedes como a sus intereses, objetivo prioritario y actuará en consecuencia". Altuna y Uria, la empresa fundada por el hombre asesinado ayer por ETA, era una de las empresas adjudicatarias de las obras de construcción de la autovía.

ETA cumplió su amenaza y arrancó una escalada de atentados que culminó con los asesinatos de cuatro personas: dos empresarios y dos policías. Hasta que el 9 de agosto de 1991, en contra de los criterios de los técnicos, el diputado general de Guipúzcoa, Eli Galdos, y la Coordinadora Lurraldea modificaron el trazado mediante un acuerdo.

Las obras habían comenzado en agosto de 1989 en Navarra y en mayo de 1991 en Guipúzcoa. La autovía se inauguró finalmente en mayo de 1995. Fueron los 47 kilómetros de asfalto más costosos de la historia vasca: cuatro vidas, seis años y 420 millones de euros. La factura fue mucho más abultada de lo previsto, ya que las amenazas y los continuos atentados habían obligado a aumentar la vigilancia.