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Batalla abierta en el seno de la UE por las ayudas públicas a los bancos

El Ecofin rechaza algunas de las fórmulas para financiar el plan contra la crisis

Las ayudas públicas a los bancos en crisis o sanos pero descapitalizados han acabado por desatar una fuerte batalla entre las instituciones comunitarias. La presión de los ministros -especialmente de Francia, Alemania y Suecia- en el Consejo de Economía (Ecofin) fue ayer tan intensa que la comisaria de Competencia, Nee-lie Kroes, se vio obligada a comprometerse a cambiar las normas sobre ayudas de Estado que dio de manera genérica en octubre.

La Comisión se mostró ayer dispuesta a flexibilizar sus criterios de modo que los Estados puedan también dar ayudas a los bancos que gocen de buena salud financiera para facilitar la concesión de créditos, y así poder hacer frente a la recesión que sufre Europa. La comisaria manifestó que "dentro de poco la Comisión adoptará una comunicación con orientaciones detalladas sobre cómo valorar las recapitalizaciones de los bancos, según las normas de las ayudas de Estado". "La señora Kroes", dijo la ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, "ha tomado buena nota y ha aceptado mejorar las orientaciones para tener en cuenta la necesidad de dar prioridad a la financiación de la economía".

Francia y Alemania, con el apoyo del BCE, acusaron a la Comisión de retrasar la aprobación de las ayudas públicas por una excesiva lentitud y "burocratización" en la toma de decisiones. Concretamente, censuran a la Comisión que impidiera a los bancos que gozan de buena salud, pero que recibieron ayudas, que pudieran distribuir dividendos. El alemán Peer Steinbrueck criticó el plan, y, "sobre todo, la velocidad de la Comisión". Francia tiene pendiente la aprobación de las ayudas a cuatro de sus grandes bancos y Alemania no logra la autorización de las ayudas al Commerzbank, porque según Competencia no respetan aparentemente las normas de ayudas de Estado.

Para evitar malos entendidos, en las conclusiones del Consejo se recuerda que "la Comisión debería permitir flexibilidad en la aplicación de las normas de Estado" y detallan los criterios a tener en cuenta sobre esta materia: "Una clara distinción entre los bancos sanos y los que precisan ser socorridos; esta distinción debería aplicarse a la política de dividendos, de acuerdo con las recomendaciones del BCE". Sobre este último punto se advierte que es importante "no desincentivar las ampliaciones de capital por los inversores privados y sustituir a su debido tiempo el capital público".

El vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, respaldó los criterios exigentes de la Comisión en la recapitalización de los bancos sanos para evitar distorsiones de competencia. Solbes advirtió de que la capitalización pública "puede crear distorsiones en las reglas de juego". En su opinión, "lo óptimo sería que la recapitalización se llevara a cabo por el sector privado" y sólo recurrir al capital público cuando sea "imprescindible para el funcionamiento del sistema financiero".

Los ministros discreparon también de la vía prevista por la Comisión para obtener parte de los fondos del plan contra la crisis. Aunque apoyaron que el montante global del plan fuera del orden del 1,5% del PIB de la UE, rechazaron algunos de los mecanismos. "Desgraciadamente", dijo el comisario económico, Joaquín Almunia, "no hemos podido obtener del Ecofin, la flexibilidad necesaria para acelerar las inversiones usando los recursos que no se han gastado en otras partidas". Son unos 5.000 millones de los 14.400 que aportaba la Comisión para infraestructuras, redes de energía y de telecomunicaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de diciembre de 2008