Chiclana adaptará la legalización de las casas a los recursos de los dueños

El nuevo gobierno de Chiclana (Cádiz), formado por PSOE, IU y PSA, salido de una moción de censura que apartó al alcalde del PP, ha dado prioridad al impulso del proceso de regularización de las alrededor de 15.000 viviendas ilegales que existen en la ciudad. El alcalde, el socialista José María Román, ya se ha reunido con las cinco federaciones vecinales más representativas, que se oponían al alto coste de la urbanización de las casas irregulares que había dictado el anterior gobierno. El Ayuntamiento plantea ahora avanzar por fases para que los propietarios no tengan que pagar el coste de la legalización de una sola vez. También se anuncian subvenciones para los dueños con menos recursos.

Fue el anterior equipo municipal, con el edil de IU José Pedro Butrón como máximo responsable de Urbanismo, el que ejecutó la idea del gobierno socialista previo para impulsar una oficina de regularización de viviendas, dividir la ciudad en áreas de gestión básica y trazar mediante unas ordenanzas municipales los costes necesarios para sufragar los impuestos, los proyectos arquitectónicos y los costes de urbanización. Esas ordenanzas calcularon que sólo el gasto por la construcción y conexiones interiores oscilaba entre los 20 y los 36 euros por metro cuadrado, en función de la zona, sin contar con el alumbrado, el alcantarillado o la conexión de la red pública de agua.

Los vecinos rechazaron ese elevado coste y las ordenanzas no salieron por el bloqueo de la oposición. Esa oposición es ahora gobierno y tiene que encontrar las soluciones. "Mantendremos las ordenanzas que habíamos pensado antes de las elecciones. Habrá proceso de regularización y será de obligado cumplimiento pero lo haremos con consenso", ha anunciado la nueva concejala de Urbanismo, la socialista Cándida Verdier. El alcalde, José María Román, ha confirmado que el coste del proceso será asumido "al cien por cien" por los propietarios, pero eso no evita que se puedan articular ayudas y medios para que los dueños puedan pagar. "Lo que no podemos hacer es ponerlo difícil para que no se pueda ejecutar", explica. Por este motivo la urbanización de las áreas de gestión básica se hará por fases. Se dará prioridad al agua, la luz y el alcantarillado. "Esas fases se adaptarán a los bolsillos de los chiclaneros".

El alcalde se va a empeñar también en desligar Chiclana de las acusaciones de descontrol urbanístico y corrupción por parte del PP y del anterior edil de Urbanismo. "He sido víctima de una campaña de desprestigio. Por cargarse al PSOE, de camino se han cargado la ciudad", lamenta. El nuevo gobierno contratará a una empresa para lanzar una campaña de imagen que venda "el nuevo optimismo" de Chiclana.