Su seguridad está apagada o fuera de cobertura

Un día, la abogada de Maricarmen pidió al juez algo insólito: que liberaran a su clienta del sistema electrónico antimaltrato que la estaba volviendo loca; más que proporcionarle seguridad le daba un susto noche sí y noche también. Cuando la policía, alertada por el sistema telemático, la llamaba a casa, contestaba que tanto ella como sus dos hijas estaban a salvo. Al otro lado de las ondas electromagnéticas, en un pueblo perdido a más de 100 kilómetros de Madrid, el agresor era requerido por la Guardia Civil y trasladado al cuartelillo. Todo había sido una falsa alarma. Y así una y otra vez.

La tortura por los fallos del sistema acabó hace más de un año, aunque Maricarmen aún tiene las secuelas de un maltrato continuado, ese oleaje que un día la lleva a denunciar y al siguiente a compadecerse del que le ha roto la cara porque se ve obligado a llevar una pulsera antimaltrato que no es estética ni le deja encontrar trabajo. Un día se cura una nariz y un dedo rotos, y al siguiente promete que sus hijas verán al padre cuando quieran, que para eso es su padre.

El Gobierno destinará cinco millones a extender el uso de los GPS

El sistema es efectivo en centros urbanos, pero falla en zonas rurales

Así han sido los últimos años de Maricarmen, inmersa en un eterno proceso de divorcio y con un policía adscrito que ha estado más de un año vigilando día y noche que el agresor no cruzara la línea de protección 500 metros alrededor de la víctima. Una burbuja imaginaria que no debe romperse. Para eso sirven las pulseras antimaltrato, un dispositivo que protege a 116 mujeres en la Comunidad de Madrid, pionera en poner en marcha este sistema. En realidad no las llevan ellas. El brazalete de caucho, que más parece un reloj con la esfera cegada, se la ponen al maltratador. En el domicilio de éste hay además un amplificador de frecuencia, un aparato fijo que le permite andar por la casa sin llevar colgada la unidad STAR. Esta última debe ir siempre con él cuando salga del lugar donde vive, no puede alejarse de ella más de ocho metros. De esa forma, sus pasos estarán controlados por un sistema GPS. Este aparato funciona con una tarjeta de telefonía móvil, la culpable de los problemas que sufrió Maricarmen. Porque esa tarjeta pierde la cobertura allí donde no la hay para los teléfonos móviles, es decir, en pueblos pequeños, sótanos, el metro, lo que se llaman zonas oscuras. Y cada vez que el agresor perdía la cobertura, el sistema avisaba al centro de control y la policía se ponía en marcha. Un día y otro.

El Gobierno va a destinar 5 millones de euros para generalizar el uso de un dispositivo de control telemático en toda España. El sistema para detectar la presencia de maltratadores funciona sólo en Madrid a pleno rendimiento, aunque otras comunidades se han interesado por él. Y se generalizará en 2009, porque salvo en esas zonas oscuras, el resultado de estas pulseras ha sido exitoso. El jefe de la Unidad de Prevención Asistencia y Protección en Madrid, Vicente Benéitez, de la Policía Nacional, se congratula de que desde 2004, en que se implantó el sistema, no han tenido que lamentar una sola muerte entre las protegidas con él. Sus argumentos coinciden con los del Ministerio de Igualdad: el dispositivo es disuasorio para los agresores, da seguridad a las víctimas y supone una prueba judicial del quebrantamiento de condena.

Sus resultados en ámbitos urbanos nadie los pone en duda. Pero ¿qué pasa en las zonas oscuras? El Gobierno dice que hay sistemas más perfeccionados que pueden salvar los problemas de cobertura y que serán los que se usen allá donde falla el GPS ordinario. Porque en el mundo rural, aunque las denuncias sean pocas y la cobertura nula, los maltratadores existen.

Los jueces también están a favor de la extensión de este sistema, aunque conocen los problemas actuales de cobertura. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género en el órgano de gobierno de los jueces, Inmaculada Montalbán, cree que es un instrumento útil para la víctima y como prueba judicial. Y confía en que se extienda a toda España. Una encuesta en junio del año pasado entre los jueces reveló que sólo 39 de los 405 juzgados que contestaron disponían de esta herramienta para localizar al maltratador. El resto, aunque quisiera, no podría dictaminar su uso.

Pero no sólo las zonas oscuras dificultan la protección de las víctimas. Existen otros fallos, propios, por lo general, de errores de falta de especialización en estos delitos, donde el maltratador no teme la acción de la justicia (se entregan o se suicidan) y la víctima no siempre pide la reparación del daño.

Desde la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, afirman que falta especialización. Cuando la Junta de Tratamiento en las cárceles -un psicólogo, un criminólogo, un educador, un trabajador social y el director- deniega un permiso al agresor, éste recurre al juez de vigilancia penitenciaria, que puede concederlo. "El juez de vigilancia penitenciaria puede ratificar la negativa, pero si el condenado recurre a la Audiencia Provincial, a veces, muchas veces, este órgano le permite salir. Es una cuestión burocrática, suelen tener en cuenta simplemente que la petición se haga en tiempo y forma y que los plazos sean correctos", afirman en esta organización. No conocen, coinciden los expertos, la naturaleza de estos delitos ni de estos delincuentes. "Hace falta especialización, rara vez estos agresores modifican su conducta", afirma Montalbán. En la persona de estos condenados coincide muchas veces la de un reputado profesional adorado por amigos y vecinos. Ellos no entienden por qué su mujer les mandó a la cárcel con una denuncia. Y cuando salen, vuelven por la culpable de sus desgracias.

Por otro lado, la ley contra la violencia de género recoge que se avise a la víctima de que su agresor saldrá de la cárcel. Eso se hizo en el caso de Galicia del sábado, pero no siempre se hace, entre otras cosas porque no se especifica quién es el que ha de hacerlo. ¿El juez, la cárcel? Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican que las medidas de modernización informáticas que están emprendiendo deberán considerar esto para que sea eficaz. "Porque no sirve que se les obligue a ir a firmar al cuartelillo; lo hacen al salir de la cárcel y antes de entrar y entre esas horas pueden hacer lo que quieran", explican en la Comisión. Y añaden que "la mayoría de las víctimas se enteran por la gente del pueblo, del barrio, de que el agresor sale de la cárcel".

El problema que se ha dado en ocasiones es que el juez no tiene el domicilio de las víctimas porque suele estar oculto, un problema añadido.

La familia del condenado es la que suele avalar la salida del prisionero. Ellas se encargarán. "Pero ha habido casos en que la hija avalaba y recibía al padre en casa, ¡en la misma casa en que vivía la madre!", afirman en la Comisión. Opinan que tanto Instituciones Penitenciarias como las audiencias provinciales deberían tener contacto con la víctima, no sólo con el agresor. Todo esto se lo harán saber por carta al Ministerio de Igualdad y al Consejo General del Poder Judicial.