El dueño de las academias Brighton acepta un pacto

El cierre de las academias de inglés Brigthon, que en el año 2002 dejó en la calle a un millar de alumnos, podría acabar con un pacto que evitara el juicio. En la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona debía iniciarse ayer la vista contra Alfredo Ibáñez Nicolás, pero la defensa, el fiscal y el abogado de los perjudicados se emplazaron para el 17 de diciembre.

Ese día el acusado deberá anunciar formalmente ante el tribunal si acepta su culpabilidad por los hechos. A cambio de esa previsible declaración, el fiscal y la acusación particular rebajarán su petición de pena. Se le acusa de un delito de insolvencia punible y otro de estafa continuada por cada uno de los cuales el fiscal reclamaba cuatro años de cárcel. El pacto judicial que se le ofrece rebaja cada una de las penas a dos años de cárcel, 14.400 euros de multa, más el pago de la responsabilidad civil derivada del delito, o sea, la indemnización para los alumnos estafados.

De esa manera, la condena impuesta sumaría cuatro años de cárcel, de los que se deberían restar los meses que pasó en prisión preventiva. Eso podría comportar que no tuviera que entrar en la cárcel para cumplir la condena, aunque la decisión la deberá adoptar el tribunal cuando la sentencia sea firme.

Al principio de acuerdo se han adherido también las seis entidades bancarias que concedieron los créditos para el pago de los cursos, las cuales figuran en el proceso como responsables civiles subsidiarias. Fuentes judiciales explicaron que más de 350 alumnos pagaron sus cursos con esos créditos. El resto lo hicieron en efectivo o con tarjeta de crédito, por lo que si, como parece, el acusado se declara insolvente, sólo cobrarán los que suscribieron los créditos.

Las entidades siguieron cobrando a los alumnos esas cantidades mensuales tras el cierre de las academias, hasta que la justicia las requirió para que dejaran de hacerlo. Ahora se han comprometido a consignar el dinero para indemnizar a los alumnos estafados.