El juicio por el cierre de las academias Brighton se prolonga otros seis meses

El juicio de la quiebra de las academias de inglés Brighton, que cerraron hace seis años dejando en la calle a dos centenares de profesores y empleados y sin clases a 3.700 alumnos que habían suscritos créditos para pagarles, se retrasará como mínimo seis meses más, según el fiscal del caso, al ordenar hoy la Audiencia de Barcelona que regrese la causa al juzgado de instrucción.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha resuelto hoy estimar la petición del fiscal que solicitó incorporar a 1.546 afectados de las academias que habían quedado fuera del proceso judicial por un olvido en el escrito de calificación del ministerio público, donde figuraban sólo un millar. Así, el total de afectados que apoyan la acción judicial contra el propietario de las academias se eleva a 2.491 personas.

Según la resolución de hoy de la Audiencia de Barcelona, se ha estimado la petición del fiscal y, por tanto, declarado nulo el traslado de las diligencias previas, por lo que el caso vuelve al juzgado de instrucción número 25 de Barcelona que deberá practicar nuevamente el traslado del material de la totalidad de la causa, incluidos las cajas en las que constan los expedientes de los alumnos afectados, a la Fiscalía.

El abogado de la Asociación de Afectados Brighton, Alejandro de Roja, ha indicado que, aunque esta nueva tramitación retrasará la causa, es positiva ya que se incluirán en la misma a los alumnos que no aparecían en el proceso con anterioridad.

El caso de las academias, por el que el propietario de la cadena, Alfredo I., afronta una condena de ocho años de prisión, estuvo a punto de resolverse el pasado día 17 de este mes ya que las partes habían llegado a un acuerdo provisional que debía formalizarse aquel día y que habría evitado la celebración de juicio.

Fracaso del acuerdo previo

No obstante, ese preacuerdo entre el ministerio público y la defensa del ex propietario de las escuelas no llegó ni a plantearse porque el fiscal solicitó que el tribunal admitiera a otros 1.546 perjudicados que no incluyó en su calificación porque se fió de un listado que le facilitó el juzgado de instrucción número 25, en el que sólo constaban un millar de alumnos.

Según el fiscal, cuando concluyó la instrucción, el juzgado le hizo llegar los 39 tomos que componen la causa pero no le remitió las 42 cajas en las que constan los expedientes de los 2.365 alumnos afectados por el cierre de las escuelas de inglés.

El cierre en 2002 de las academias de inglés Brigthon, propiedad de Alfredo I., dejó en la calle a más de 3.700 alumnos que habían pagado por adelantado los cursos, muchos mediante créditos bancario. Pese al cierre de las escuelas, las entidades bancarias siguieron cobrando los préstamos a los alumnos que los habían suscrito, con la amenaza de incluirlos en listas de morosos si no lo hacían, hasta que los créditos fueron suspendidos cautelarmente por orden judicial.