La fiscal censura la difusión de objetores a Ciudadanía

Nueva llamada de atención a la Consejería de Educación por publicar datos de menores. En esta ocasión, sin graves consecuencias ya que la Fiscalía de Sevilla ha archivado las diligencias iniciadas por la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los nombres de menores que objetaron a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

El Partido Popular y varios padres denunciaron la polémica divulgación y el Defensor del Pueblo, José Chamizo, dictaminó que la Junta había vulnerado el derecho a la intimidad de los menores. Sin embargo, y pese a censurar de manera severa la citada difusión, la Fiscalía no denunciará a la Junta porque antepone la protección de la privacidad de los niños a las posibles indemnizaciones que reciban los padres en el proceso judicial, además de considerar que la Consejería de Educación derogó recientemente la orden de difusión de los datos.

La Fiscalía antepone proteger a los niños a la indemnización de los padres

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, estima que la publicación de la identidad de los alumnos objetores "produjo una lesión a su derecho a la intimidad" susceptible de una acción legal, según la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor. La fiscal da una seria reprimenda a la Junta por la polémica publicación: "La vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en el BOJA a las resoluciones administrativas, afecta de forma directa a los menores", razona.

Sin embargo, el Ministerio Público evalúa "el impacto mediático" de la iniciativa, tras resaltar el "apasionado y tenso debate público" sobre la asignatura, y concluye que los niños verían perjudicados su derecho a la intimidad en caso de denunciar a la Junta, ya que deberían testificar ante el juez.

El abogado de los padres, Carlos Seco, criticó el archivo de las actuaciones y denunció que se ha producido "una falta de protección jurídica", porque los padres "no buscan una indemnización económica, sino la reparación del derecho dañado".

La Agencia Española de Protección de Datos estimó recientemente que Educación cometió una "infracción muy grave" al difundir datos personales en la escolarización del alumnado, entre ellos números de móvil, renta y detalles sobre la salud.