Los 'gentlemen' no están de moda

Lo que ha dado en llamarse "la movilización de la vergüenza" es el único recurso con el que cuentan las Naciones Unidas para conminar a los Estados a que corrijan las vulneraciones que cometen de los pactos sobre derechos humanos. Se da por sentado que la comunidad internacional se rige por la honorabilidad y altos códigos morales y que la mera presión que supone la mala publicidad de una condena pública es suficiente para corregir las desviaciones. Es decir, que como el Estado siente vergüenza, rectifica de inmediato. Vamos, algo así como que Farruquito iba a respetar los semáforos y pasos de cebra, no porque fue condenado a ir a la cárcel, sino porque en los medios de comunicación se afeó su conducta.

España desoye al Comité de Derechos Humanos de la ONU y no pasa nada

Pero esto de la vergüenza es como la castidad, que una vez perdida es para toda la vida. Desde 1985 y hasta el año pasado, España había sido denunciada en 105 ocasiones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por supuestas violaciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 15 veces ha sido condenada, a instancia de personajes como Mario Conde, Luis Oliveró o Jacques Hachuel. Es cierto que la mayoría de las denuncias (54) fueron rechazadas y que el resto se encuentra en fase de preadmisión o tramitación, pero España es el cuarto país que cuenta con más dictámenes de violación del Pacto por detrás de Jamaica (100) Uruguay (45) y Australia (24).

A pesar de las estadísticas, seguro que hay países que tienen menos respeto que España por los derechos humanos -China, países árabes en general, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Congo o Cuba, por ejemplo, en un vistazo nada exhaustivo- pero como en muchos de esos Estados la libertad de expresión está muy restringida, no existe información que el Comité pueda utilizar.

Varias de las condenas lo han sido por no respetar la doble instancia penal, es decir, por no garantizar el derecho de todo condenado a la revisión de su condena por un tribunal superior. Parece que la justicia española no ha sentido la suficiente vergüenza durante los últimos ocho años y se ha pasado las reprobaciones del Comité por el forro de la ley, aunque ahora ya se va sonrojando y le va encontrando acomodo con el proyecto de reforma de las normas procesales.

Pero, además de las denuncias individuales, los Estados deben presentar informes periódicos en los que dan cuenta de su grado de cumplimiento del pacto y cuyo debate por los 18 expertos independientes que integran el Comité genera una serie de recomendaciones que el Estado debe cumplir.

Así, en la 94 reunión del Comité, que se ha celebrado en Ginebra los días 21 y 31 de octubre, España ha recibido un severo rapapolvo. Una de las críticas más serias, que además es recurrente, se refiere la amplia y genérica variedad de conductas que en el Código Penal español constituyen delito de terrorismo. Para los expertos, la definición es "elástica" porque incluye conductas ambiguas que no está claro que sean delictivas y recomiendan a España que redefina el concepto de terrorismo de una manera más restrictiva, para que las medidas para luchar contra los terroristas se ajusten a los derechos reconocidos en el Pacto. El Comité ha criticado también el abuso del secreto del sumario, ya que, a su entender, supone una violación del principio de igualdad de armas en el proceso.

Ante las denuncias por malos tratos que siguen llegando ocasionalmente, el Comité considera que no parece que España haya hecho lo suficiente para erradicar la tortura y recomienda que las autoridades españolas destierren la incomunicación de los detenidos y aceleren el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Un miembro del Comité había asegurado que 5.032 personas habían sido víctimas de torturas o malos tratos en España entre 2001 y 2007, pero ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch manejan esos datos y la delegación española los rechazó por poco fiables.

Finalmente, el Comité aboga por la abolición de la Ley de Amnistía de 1977 porque considera que supone una limitación grave en la investigación de crímenes contra la Humanidad en el ámbito nacional, es decir, en el caso del franquismo, dando por sentado que el levantamiento y posterior represión del dictador dieron lugar a ese tipo de delitos imprescriptibles.

Pero el Comité no dispone de ningún instrumento -salvo la vergüenza- para forzar a España a cumplir sus recomendaciones. Y es que en esta época del triunfo de lo políticamente correcto los gentlemen no están de moda. Encima ahora, con la crisis económica, la honorabilidad ha sido desplazada por el culto al euro. De modo que, previsiblemente seguiremos igual, ya que el único que se sonroja de vergüenza ante los incumplimientos del pacto por parte de España es el pobre embajador al que le toca defender el informe ante el Comité.

Nunca pasa nada si se hace con gracia.