El laberinto mexicano

Hasta hace cinco años, la película de la vida del fotógrafo Sergio Dorantes habría sido la de un triunfador que nació pobre y superó duros obstáculos para llegar a la cúspide de su profesión. Hoy podría ser el protagonista de una versión mexicana de la película El fugitivo de Harrison Ford.

Acusado a finales de 2003, mediante un más que dudoso testimonio, de matar a cuchilladas a su ex esposa, huyó de México a Estados Unidos. Tres años después fue capturado por la policía californiana, a instancias de México, y encarcelado durante seis meses. Un juez estadounidense dictó su liberación mientras se iniciaba un proceso de extradición solicitado por la Procuraduría de la Ciudad de México, donde el crimen se cometió. El mes pasado, el mismo juez resolvió que, pese a su perplejidad ante los contradictorios argumentos ofrecidos por sus homólogos en el país vecino, no tenía más remedio que sucumbir a la voluntad de las autoridades mexicanas. Dorantes, que tiene 62 años y trabajó durante dos décadas para la revista Newsweek (y de manera más infrecuente para EL PAÍS y The New York Times, entre muchos otros), está encarcelado hoy en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México a merced de la ley de su país, durmiendo entre ratas y cucarachas, y con el temor constante de aparecer muerto en su celda.

Dos vigilantes acompañan a Dorantes cada vez que sale de su celda para evitar que acaben con él

La versión hollywoodense de El fugitivo avanza inexorablemente hacia un final limpio. La versión mexicana es enredada, opaca y cruel. México, como decía Octavio Paz, es un laberinto. Para Dorantes, cuyo caso ha sido denunciado detalladamente por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es -a día de hoy- un laberinto sin salida. Como lo es para muchos miles de mexicanos víctimas de un sistema judicial caracterizado, según un informe de Amnistía Internacional del año pasado, por "casos de detención arbitraria, tortura, malos tratos, negación de los derechos al debido proceso y juicios injustos".

Dorantes, que fue torturado brutalmente por la policía en 1989 después de haber trabajado en un reportaje sobre el narcotráfico, se fugó porque sabía muy bien del abismo que hay en México, como también ha denunciado Amnistía, entre lo que la ley dice y lo que hace.

La versión más reciente de la Procuraduría sobre el caso es que se llevó a cabo un "arduo litigio" en el que se presentaron 31 declaraciones y 18 informes periciales inculpando a Dorantes. Ésta es una lectura deliberadamente ingenua del expediente, como indica su abogado, Alonso Aguilar Zinser, uno de los más respetados juristas mexicanos. "La mayoría de las pruebas sólo constata que hubo un homicidio, lo cual es innegable, pero no vinculan a Sergio con él", dijo el abogado.

Alejandra Dehesa fue encontrada muerta a las 3.15 del 4 de julio por dos policías y parientes de la difunta en la oficina de Newsweek de la Ciudad de México, donde ella había trabajado como gerente. El cuerpo de Dehesa, de 47 años, estaba tendido en un charco de sangre, en un aseo, con un cuchillo de cocina de 35 centímetros clavado en el cuello. Desde el primer momento, la investigación careció de rigor profesional. Antes de que llegara el equipo forense, una docena de personas había pisoteado el lugar del crimen, sin excluir a fotógrafos de la prensa sensacionalista mexicana que, alertados por la policía, hicieron fotos del cadáver acuchillado que medio México vio el día siguiente.

Según un juez mexicano que le negó la libertad tras su extradición el mes pasado, la "presunta culpabilidad" de Dorantes se basa principalmente en la declaración de un testigo que dijo haberle visto salir huyendo del lugar de los hechos sobre las siete de la tarde del 2 de julio de 2003, la hora aproximada y fecha exacta en la que el asesinato ocurrió, según las autoridades. Dos años después, el mismo hombre, un joven mensajero de nombre Luis Eduardo Sánchez Martínez, hizo una declaración jurada, y filmada, ante la Procuraduría en la que se retractó de su testimonio y alegó que había memorizado un falso guión redactado por María del Rocío, una agente del Ministerio Público que le pagó mil pesos (menos de cien euros en su día) para que Dorantes fuera señalado como el asesino.

Para Aguilar Zinser, el abogado de Dorantes, hay un segundo factor que le resta toda credibilidad a la investigación. Para poder identificar a Dorantes como "presunto homicida", la ley mexicana exige que la hora de la muerte se demuestre de manera "irrefutable".

Según el expediente, el asesinato ocurrió entre las 18.00 y las 19.15 del 2 de julio, pero el abogado afirma que "no existe evidencia ni técnica ni científica que lo sustente". Con lo cual, aunque fuera verdad que el testigo hubiera visto salir a Dorantes del lugar del crimen aquel día a las 19.00, su testimonio carecería de valor.

El problema, según el abogado, reside en que la hora de la muerte fue establecida por investigadores criminalistas y no por médicos forenses, que habrían sido los indicados para llegar a una conclusión científica concluyente. El quid de la cuestión está en la temperatura del cuerpo de la víctima, que fue tomada cuando llegó a la delegación policial, aproximadamente a las cuatro de la madrugada del día 4 de julio. "La fórmula Bouchut, como es conocida, consiste en restar durante las primeras 12 horas un grado centígrado por cada hora transcurrida desde la muerte, y posteriormente medio grado centígrado por cada hora transcurrida", explicó el abogado. Lo cual apunta a que Alejandra Dehesa habría perdido la vida no sobre las 19.00 del día 2 de julio, sino sobre las 14.00 del día 3.

Entre las demás pruebas del expediente, una señala que se encontraron "indicios de sangre" en un guante hallado en la casa de Dorantes. Sin embargo, el expediente reconoce que no se estableció si la sangre era de la víctima, ni siquiera que fuera humana. Hubo también un informe psicológico que concluyó que Dorantes podría haber sido el asesino, pero ésta es una apreciación "totalmente subjetiva", como dice Aguilar Zinser, que además señala que Dorantes no tiene antecedentes penales, ni de agresión física alguna a su ex mujer.

Mientras Aguilar Zinser prepara su comparecencia ante un tribunal superior para lograr la libertad de su cliente, éste permanece en el Reclusorio Oriente, temeroso de que un preso anónimo le quite -a cambio de otros mil pesos- la vida. Reconociendo la seriedad de los temores, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México logró que la Procuraduría le pusiera dos guardias siempre que salga de su celda. Pero su futuro es incierto, condicionado por fuerzas arbitrarias sobre las que no ejerce ningún control.

En el desenlace de la película El fugitivo, la inocencia del protagonista queda demostrada y el verdadero asesino es identificado. Pero en la versión de la vida real mexicana quedan, a día de hoy, más preguntas que respuestas, y el protagonista ha sufrido de manera irreparable, sin que los guardianes de la ley estén más cerca de establecer, cinco años y medio después, quién mató a Alejandra Dehesa. -