Un juez tumba los presupuestos de Barrientos por ocultar información

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se ha quedado sin sus presupuestos vigentes porque el gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva por el caso Astapa, negó información a los concejales de la oposición.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga ha dejado sin efecto la aprobación de las cuentas de 2008 porque se vulneró el derecho constitucional a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El anterior concejal de Hacienda Francisco Zamorano, también imputado en el caso de corrupción, convocó una comisión informativa para estudiar los presupuestos apenas media hora antes del pleno en el que se aprobaron. Los concejales de la oposición sólo tuvieron 10 minutos para estudiar la principal herramienta económica municipal.

El Consistorio alegó que las comisiones antes del pleno eran algo "habitual"

El juez deduce que se vulneraron por sistema los derechos de los ediles

El fallo dificulta aún más la gestión del municipio, que arrastra una deuda de 97 millones y cuya inestabilidad económica le obliga a prorrogar sus presupuestos en 2009.La anulación judicial de las cuentas de 2008 obligará al alcalde, David Valadez (PSOE), a tratar de aprobarlas de nuevo en pleno antes de que acabe el año. Antes, debe convocar una comisión informativa de Hacienda y aportar la información necesaria para que los concejales de la oposición se formen una opinión. Valadez preside en minoría una corporación con siete de sus 25 concejales imputados en el caso Astapa.

Si el Ayuntamiento no vuelve a aprobar el presupuesto de 2008 antes de fin de año, tendría que recuperar las cuentas de 2007, que fueron elaboradas por el ex concejal del PES Manuel Reina, en prisión preventiva desde junio por el caso Astapa.

Los abogados del Consistorio recurrirán la sentencia. Así evitarán que los concejales que denunciaron estas irregularidades -Ricardo Galeote (Partido Popular) y Juan Manuel Rodríguez (de la formación posgilista PES)- soliciten la ejecución de la sentencia y se paralice la actividad económica del municipio. "Una vez que se anulen los presupuestos, cualquier movimiento económico de envergadura en el Ayuntamiento puede considerarse una prevaricación", explica el abogado José Antonio Martín Espinosa, representante de los ediles en este procedimiento.

El letrado solicitará la ejecución de la sentencia, aunque también cuenta con el recurso del Consistorio. "En un mes y medio puede haber resolución de una instancia superior que creemos será favorable ya que el fallo recoge mucha jurisprudencia", añade Martín Espinosa.

El magistrado David Gómez, titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga, cita seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la última de enero de 2008, en las que se apoya una interpretación "en el sentido más favorable" de los derechos fundamentales, "máxime cuando la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus representantes políticos constituye una de las manifestaciones más significativas del pluralismo político". También recoge dos casos similares ocurridos en los ayuntamientos de Marbella y Guaro.

El juez Gómez no ve "de recibo" que el Ayuntamiento se justifique diciendo que era "habitual" que las comisiones informativas se celebrasen 30 minutos antes de los plenos en los que los concejales tenían de tomar decisiones, o que se amparen en la ausencia de impugnaciones anteriores. "Esto no convierte lo legal en ilegal, ni convalida una actuación contraria a un derecho fundamental de los miembros de la Corporación (...) al contrario apunta a una sistemática vulneración del precepto", explica Gómez. A pesar de todo, el juez no aprecia "temeridad o mala fe" en el comportamiento de la administración local y no le condena a pagar las costas.

Con la sentencia se anula el decreto de alcaldía del 12 de febrero de 2008, con el que Barrientos convocó el pleno ordinario en el que aprobaron los presupuestos, y el punto quinto del del pleno, con el que sacaron adelante el presupuesto general del Ayuntamiento y la plantilla para 2008.

"El día del pleno, todos los concejales de la oposición salieron de la sala como señal de protesta", explica Martín Espinosa. Sólo quedaron los dos ediles que después lo han impugnado. Ricardo Galeote, del PP, ya había denunciado al equipo de gobierno de Barrientos en 2007 por incumplir el compromiso de celebrar plenos ordinarios el último viernes de cada mes.

En esta ocasión, a la que se sumó su compañero de partido Ignacio Mena, consiguieron que el juez declarase contraria a los derechos fundamentales la convocatoria de un pleno celebrado el martes 30 de mayo de 2006. El juez obligó a Barrientos a cumplir un acuerdo de 27 de junio de 2003 en el que se comprometía a celebrar los plenos ordinarios el último viernes de cada mes a las 9.00.