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COLUMNA

La ingeniería informática

El sistema universitario español está inmerso en el proceso de adaptación derivado del llamado acuerdo de Bolonia. Proceso que implica, entre otras medidas, la reforma de su oferta curricular para conformar el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, por el que se sustituirán las titulaciones de Ingeniería, Ingeniería Técnica, Licenciatura, y Diplomatura por las de grado y máster oficial. Es una tarea no exenta de críticas y polémicas dadas las incertidumbres, incluso los riesgos que amenazan un horizonte necesariamente desconocido. A nadie se le escapa que las decisiones de hoy afectarán a la evolución futura de muchas de las actuales profesiones.

Este es el caso de las ingenierías, que por tratarse de titulaciones reguladas con atribuciones profesionales requieren, además del marco normativo general, otro específico. De tal modo que se regulen por este doble rasero los requisitos mínimos que deben de cumplir estas titulaciones de grado y máster. Complejo asunto que ha llevado a un gran proceso de debate y estudio entre la Administración, los rectores y los colegios profesionales. Tras muchos meses de interminables debates para definir los requisitos, el ministerio ha anunciado que en breve fijará su posición con la promulgación de la correspondiente orden ministerial, en donde queden definidos los requisitos para esta familia de profesiones de ingeniería. La exhaustividad con la que se están debatiendo determinados perfiles profesionales hace más llamativa si cabe la exclusión tajante de la rama informática.

Desde las universidades vemos con preocupación esta incomprensible e injustificable demora

Hablamos de la que se ha convertido en el último curso en la primera de las ingenierías del Estado, con mayor número de estudiantes (en torno a 100.000, una cuarta parte del total que cursan ingenierías en las universidades españolas), con ya una treintena de años de existencia y más de 140.000 titulados. Resulta incomprensible a todas luces que no haya sido regulada como profesión hasta la fecha y máxime si recordamos que nos encontramos en la llamada era de la sociedad del conocimiento, donde las TIC son un elemento crucial y donde la brecha digital pesa negativamente sobre la economía española y europea (frente a una inversión per cápita, superior a los 400 dólares al año, en el caso de EE UU o Japón, la nuestra apenas alcanza los 100 dólares anuales).

En este contexto, y pendientes de dicha regulación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, me parece muy pertinente escuchar voces autorizadas como la de la Conferencia de Decanos y Directores de Informática (CODDI), que, partiendo de trabajos realizados en su día en la ANECA, plantea una propuesta que sin duda contribuiría a la aceleración del necesario proceso de regulación profesional de estas titulaciones.

Desde las universidades, y es una opinión compartida con muchos colegas rectores, vemos con preocupación esta incomprensible y entendemos que injustificable demora, que puede llevar a la desilusión y desánimo tanto de quienes se dedican -ahora en nuestras aulas- al estudio de estos currículos tan necesarios para nuestro progreso, como de aquellos jóvenes que se están planteando qué elegir cuando accedan a la universidad.

Pero, con todo, lo más preocupante es la ausencia de las necesarias garantías para la sociedad en cuanto al ejercicio profesional de diversas actividades propias en el campo de la informática. Es por ello que abogamos por que se inicie, sin más retrasos y de forma urgente, el necesario camino hacia la regulación de la profesión de informática.

Juan Juliá Igual es rector de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de la Comisión Permanente de la CRUE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de noviembre de 2008