La consejería "traslada" a Camps la decisión del conflicto de Ciudadanía

La última palabra sobre hasta cuándo y hasta dónde llegará el conflicto por el empecinamiento de la Generalitat de dar la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés la tiene ahora el presidente Francisco Camps. La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, confirmó ayer -al término de la reunión de más de tres horas con la Plataforma per l'Ensenyament Públic- que "trasladará" a Camps la petición conjunta de declarar una "moratoria temporal" de la aplicación de la orden valenciana, que está pendiente de cinco recursos judiciales presentados por los sindicatos y por el Gobierno.

Las asociaciones profesionales de directores de Primaria y Secundaria, las federaciones de padres y alumnos y los inspectores de todo el Estado han cuestionado, durante casi tres meses de protestas, encierros y pronunciamientos de los claustros docentes, la fórmula ideada por Camps para "disfrazar" de "programa plurilingüe" lo que en realidad es una "imposición desde arriba" para que las clases de Ciudadanía se den íntegramente en inglés o, en su defecto, "traducidas" a este idioma. Todo ello sin poner más especialista y recursos materiales, y sin tener en cuenta ni siquiera la baja capacitación de inglés que tienen los alumnos.

Las movilizaciones en los centros siguen a la espera de una "respuesta efectiva"

Gómez se comprometió ayer, en una improvisada rueda de prensa en los pasillos de la consejería, a trasladar esta propuesta que, sencillamente, pasa por "dejar las cosas como están en cada centro". Es decir, en función de los recursos y dotación de plantillas que tienen los centros y atendiendo al "proyecto lingüístico" que cada claustro y consejo escolar haya decidido hasta que se pacte una "planificación consensuada del modelo de enseñanza plurilingüe que hará de la Comunidad Valenciana", precisó Gómez.

Esto, en la práctica reduciría la implantación del inglés a través de esta materia de nuevo cuño dedicada a los Derechos Humanos y la Constitución a muy pocos centros: 11 donde hubo "profesores voluntarios" capacitados en inglés y una treintena más, donde se enviaron profesores interinos de inglés. En el resto, en los 330 institutos que se han pronunciado contra de esta "ocurrencia", quedaría aplazada la decisión de dar las clases en inglés hasta que haya un plan muy concreto para extender de forma escalonada el aprendizaje de este idioma desde la etapa de la Infantil hasta Secundaria.

Gemma Piqué, portavoz de la Plataforma, consideró positiva esta "primera reunión" como órgano de interlocución. Pero pidió "respuestas efectivas" en este tema y en las nueve propuestas más contenidas en el Manifiesto para mejorar el sistema educativo que van desde el aumento de la casi inexistente red de escuelas públicas de infantil a la disminución de barracones, pasando por la consecución de un verdadero sistema bilingüe. Mientras, los encierros continúan en los institutos con vistas a la manifestación del 29 en Valencia y la huelga del 17 de diciembre.