Directores contra el "esperpento" valenciano
Los directores de centros públicos de toda España asumen que "el conflicto artificial, creado con la materia de Educación para la Ciudadanía, ha llevado al esperpento a la Comunidad Valenciana". Éste es el pronunciamiento aprobado por la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Públicos (Fedadi), reunida en Mérida los pasados días 13, 14 y 15 en su XVIII congreso.
La Fedadi "respalda", en su documento de Mérida, de forma "explícita" y "totalmente" las iniciativas y la línea de actuación llevada a cabo por la Asociación de Directores de Secundaria del País Valenciano. Esta asociación profesional emitió un duro pronunciamiento contra el embrollo normativo en que se ha enredado la Generalitat -en su pulso con el Gobierno central- para tratar de relegar la impartición de Ciudadanía a una simple "clase interactiva de inglés", a través de unas simples "instrucciones aclaratorias".
Concha Gómez, la número dos del consejero Alejandro Font de Mora, asumió ayer que las nuevas "instrucciones aclaratorias" del pasado 28 de octubre han sido remitidas a los centros de formación del profesorado (Cefires) para que cualquier profesor, sea de la materia que sea, pueda utilizarlas metodológicamente.
En definitiva, que el documento -remitido y firmado por dos direcciones generales de Educación, que pretendía blindar el idioma inglés como el "punto de inflexión indiscutible" en el conflicto sobre cómo impartir Ciudadanía- ha sido relegado a material metodológico de consulta, confirmó ayer Gómez.
Los directores recuerdan a Camps que es "imprescindible una gestión óptima y generosa de los recursos, máxime en tiempo de crisis". Y subrayan que buena gestión va de la mano de la "autonomía de los centros" consagrada en la Ley Orgánica de Educación. Lo cual no está reñido con la "coordinación" de los centros y las Administraciones Públicas.
Esta misma "coordinación" es la que pidieron la semana pasada cerca de 400 inspectores de todo el Estado adscritos a la asociación profesional Adide que, en un gesto sin precedentes, tacharon de "arbitrariedad administrativa" la normativa valenciana sobre Ciudadanía y de "disparate pedagógico" la organización dual de las clases en inglés.
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