Licencias radiofónicas con 'nihil obstat'

Por primera vez en España, un organismo regulador que se proclama independiente del poder Ejecutivo -el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC)- se ha encargado de adjudicar, mediante concurso, un no despreciable paquete de 83 emisoras de FM. La resolución, dada a conocer el 7 de noviembre, ha levantado ampollas entre algunas empresas privadas, que han amenazado con una ola de recursos administrativos al acusar al organismo de falta de "equidad". En esta polémica no es ajena la composición del CAC, integrado por 10 miembros, siete de los cuales son ex parlamentarios de la Cámara catalana, un octavo ocupó la dirección general de Medios Audiovisuales con el tripartito y además fue director de una de las radios favorecidas, y sólo dos son periodistas. Su sueldo es de 130.000 euros brutos al año.

A estos precedentes, que según algunos consejeros empañan la independencia del CAC, hay que añadir que el presidente, Josep Maria Carbonell, y el secretario, Santiago Ramentol, están estrechamente ligados a uno de los principales beneficiarios, la jerarquía católica, a través de Ràdio Estel, la emisora que quiere contrarrestar a la Cope en Cataluña.

Carbonell, quien más allá de su adscripción ideológica al PSC mantiene una postura próxima a la cúpula episcopal, pertenece a dos fundaciones del Arzobispado de Barcelona, que ha acusado a la cadena de los obispos de la considerable mengua de donativos a la Iglesia en Cataluña. Una de esas fundaciones la preside el ecónomo del Arzobispado. Y Santiago Ramentol ha dirigido Ràdio Estel, que ha obtenido el nihil obstat [autorización eclesial para la publicación de textos] para siete frecuencias. El EGM le otorga 8.000 oyentes. La Abadía de Montserrat ha conseguido otra licencia.

Más allá de estas afinidades, el sensible proceso de adjudicación aparece teñido de claroscuros. Carbonell, que presidió la mesa de contratación, frenó cualquier debate del plenario del CAC y estableció una pauta de discusión restringida a tres consejeros como interlocutores, entre ellos, él mismo y Ramentol. Unas precauciones que justificó para evitar filtraciones a la prensa. Así, el plenario sólo pudo ratificar la decisión adoptada por la mesa de contratación sin corregir nada. Unas horas antes de esa reunión, personal del CAC descubrió un micrófono oculto en la sala.

Dos de los consejeros, militantes de Convergència, se abstuvieron en la votación. Uno de ellos, Joan Pont, emitió un voto particular. Según los consejeros consultados, Pont y Ramentol cuestionaron la falta de debate, pues el 10% de los puntos de valoración de cada proyecto dependía exclusivamente de la opinión de los miembros del CAC.

No son éstas las únicas polémicas. La cadena SER (propiedad de Prisa, editor de EL PAÍS) perdió una frecuencia en Lleida que el CAC adjudicó a una empresa inmobiliaria. Grupo Simalro cambió su objeto social dos días antes del límite de presentación de ofertas. El grupo Zeta, editor de El Periódico de Catalunya, concurrió a las 83 frecuencias. No obtuvo ninguna. Al igual que Punto Radio. Onda Cero -del grupo Planeta- salió beneficiada, al obtener cinco frecuencias nuevas. El CAC se defiende -su presidente comparecerá el miércoles en el Parlament y ha declinado hablar con este periódico- argumentando que en 2003 las 83 frecuencias se repartieron sin concurso y mediante un acuerdo entre la Generalitat, presidida entonces por CiU, y la Asociación de Radios de Cataluña. Un reparto no recurrible.