La juez confirma el procesamiento del alcalde de Tui por cinco delitos

El denominado caso Patazumba, por el que se atribuyen cinco delitos al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y a otros siete implicados, será juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, después de que la juez instructora rechazara el recurso presentado por el regidor tudense y confirmara los cargos. Se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico.

El proceso está motivado por una urbanización de 300 viviendas de la inmobiliaria Tuyvi, una empresa del hijo de Fernández Rocha, José Luis Fernández Estévez, de la que es apoderado el propio alcalde, del PP. La compañía compró la finca en abril de 2003 por 1,7 millones de euros. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento de Tui duplicó las alturas permitidas respecto al resto de polígonos del entorno. Las obras comenzaron sin licencia, según la juez que instruye el caso, y que ordenó la paralización de los trabajos a finales de 2006.

El caso alude a un solar comprado por la inmobiliaria del hijo del regidor

A los imputados ya conocidos -el alcalde, su hijo, su asesora y cuatro funcionarios-, el nuevo auto suma uno nuevo: el concejal Moisés Rodríguez, empleado de la empresa del hijo del alcalde y compañero sentimental de la hija de Rocha. "No consta en autos que se haya abstenido de votar en plenos donde se adoptaban resoluciones que favorecían a la empresa para la que trabaja", señala la resolución judicial.

Rocha se ha beneficiado recientemente de una sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestima un recurso de la Xunta contra planes urbanísticos de la localidad, entre ellos el de Patazumba. Dicho recurso, formulado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando estaba al frente de Política Territorial, se descartó por un defecto formal: fue presentado fuera de plazo. Fuentes próximas al caso consideran que el fallo del TSXG no afecta al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tui.

El nuevo auto confirma otro anterior contra el que presentaron recurso los procesados. El ministerio fiscal y la acusación particular, una asociación social y cultural, reclamaron la confirmación del proceso y la ampliación de las diligencias a Moisés Rodríguez, concejal de Cultura cuando ocurrieron los hechos.

Según el auto de la jueza, el pleno de Tui modificó la normativa municipal y aprobó estudios de detalle que posibilitaron "la superación de las alturas máximas permitidas, favoreciendo los intereses de las empresas promotoras del hijo del alcalde". Además, otro estudio de detalle permitió realizar "diversas obras sin contar con la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio de Galicia". La jueza imputa a los procesados el delito contra el patrimonio, por no respetar la zona de protección de un hórreo catalogado y por la tala de árboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la finca afectada.

En agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados, el Ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la zona, que autorizaba a la inmobiliaria a construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que en el resto de polígonos del entorno. Las alturas permiten a Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el planeamiento municipal. El alcalde intentó validar la edificabilidad con un nuevo Plan General, aprobado inicialmente en diciembre de ese mismo año y anulado por Feijóo.

La promoción prevista por la empresa del alcalde y su hijo es la mayor llevada nunca a cabo en Tui, pero las obras están paralizadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra desde diciembre de 2006. La decisión juega doblemente en contra de los intereses de la promotora de la familia Fernández Rocha, que en 2003 compró los terrenos por 1,7 millones de euros. Según la escritura de compra de la parcela, la inmobiliaria deberá indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanización que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca. Por todo ello, la acusación particular solicita para el alcalde cuatro años de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público.