Imputados dos ex alcaldes de Rincón por un convenio con el grupo Mirador
Un juez investiga si la cesión de suelo perjudicó a las arcas municipales
El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga tiene abiertas diligencias para esclarecer si los ex alcaldes de Rincón de la Victoria Francisco Salado (PP) y José Domínguez Palma (PSOE) pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación en la firma de un convenio urbanístico con el grupo inmobiliario Mirador para ceder 5.175 metros cuadrados de suelo urbanizable. La operación se justificó para compensar al polémico grupo inmobiliario por no autorizarle construir en una parcela junto al arroyo Totalán por el fuerte impacto que suponía al estar en una pendiente muy pronunciada, por lo que el equipo de Gobierno iba a desclasificarla como urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La investigación debe determinar si ha habido perjuicio a las arcas municipales.
El convenio se firmó en febrero de 2007, cuando Salado era alcalde y Domínguez Palma concejal de Urbanismo. En la causa también están imputados el consejero delegado del grupo Mirador, Enrique Faura, y el secretario del Ayuntamiento, Miguel Berbel. Salado, que actualmente es portavoz del PP en la Diputación de Málaga y será nombrado dentro de una semana secretario general del partido en la provincia, explicó ayer que el convenio se firmó justamente para evitar que se construyera en un suelo donde era una barbaridad hacerlo y con todas las garantías legales y un estudio minucioso de los derechos de edificabilidad que correspondía a la promotora. La vigencia del convenio está en suspenso porque no se ha aprobado la revisión del PGOU.
Una de las curiosidades del convenio es que lo firmó Urbanización Valle Rosario, sociedad del grupo Mirador, pero que no es la propietaria del suelo y de los derechos urbanísticos, que pertenecen a Sherry Mirador.
Incumplimientos dolosos
Sherry Mirador nunca obtuvo licencia municipal de obras para construir la promoción Mirador de la Cala, pese a lo cual firmó contrato de venta de pisos con clientes en los que hacía constar que las obras ya estaban en ejecución, falsedad que se repite en otras promociones del grupo.
El pasado octubre, un juzgado de primera instancia de Málaga condenó a Mirador al pago de sendas indemnizaciones de 54.994 y 55.142 euros a dos parejas que habían firmado contratos de compra de una vivienda en Mirador de La Cala. Cada una de ellas entregó más de 24.000 euros por anticipado por unas viviendas que, en teoría, debían haber sido entregadas en el primer trimestre del año 2005. Grupo Mirador no llegó siquiera a pedir nunca la licencia de obras, como ha acreditado la secretaría del Ayuntamiento de Rincón.
Entre los argumentos que da la sentencia para estimar "plenamente el incumplimiento doloso" del contrato por parte de la promotora, se expone que ésta "debía conocer las particularidades urbanísticas de la zona donde publicitaba construir y pese a ello realizó contrato y recibió cantidades a plazo".
Sherry Mirador tuvo problemas para hacerse con toda la propiedad del suelo y para elaborar el proyecto de la urbanización hasta que después de las inundaciones de marzo de 2004 causadas por la ocupación de cauces y las construcciones en pendiente, el Ayuntamiento decidió no permitir más en la zona y se fraguó el convenio de cesión de suelo para compensar.
Pero esta forma de actuación del grupo Mirador no es privativa de este caso. La inmobiliaria ha firmado ventas de viviendas en Vélez Málaga, Villanueva del Rosario, Benalmádena, Fuente de Piedra y Loja que no ha construido. Más de 200 afectados por estos incumplimientos tienen en marcha numerosas denuncias, aunque hasta ahora no ha prosperado ninguna en la vía penal. Los jueces no llegan a ver indicios de estafa, sino meros incumplimientos de contrato.
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