Otra gota para el macrojuicio

Mientras todo el mundo discute sobre las dimensiones más apropiadas para celebrar el juicio del caso Malaya o en la digitalización de tomos y tomos de diligencias, el juez Óscar Pérez ultima el sumario del mayor caso de corrupción municipal que se enjuiciará en España. En una causa con 86 procesados, 100 abogados y un patrimonio intervenido que sigue creciendo dos años y medio después de la detención del máximo imputado, los flecos de la investigación no podían ser simplemente flecos.

Las novedades de los últimos días —la Policía ha intervenido de una tacada 900 obras de arte y una mansión valorada en unos 15 millones— se suman a la detención en Huelva de otro supuesto testaferro de Roca a finales de octubre. José María Mellado Romero figuraba como gerente del Hotel La Malvasía, al que el ex asesor de Urbanismo invitaba a fiestas a sus más estrechos colaboradores.

En septiembre, Pérez dio el visto bueno para que dos empresas de Juan Antonio Roca —One Properties SL y Compañía Inmobiliaria Masdevallía SL— presenten concurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil de Málaga y se negó a sacar dinero del patrimonio intervenido a Juan Antonio Roca para pagar la minuta de su abogado, José Aníbal Álvarez, y el procurador. El abogado de Roca renunció a su defensa en el caso Saqueo —sobre el desvío de 36 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a través de las sociedades municipales— cuya vista oral celebra estos días la Audiencia Nacional, y en la que el ex asesor de urbanismo tiene un abogado de oficio.

El día a día no impide que se sigan haciendo quinielas sobre a fecha en la que Pérez decretará el cierre del sumario y remitirá el procedimiento a la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio. Antes de ello, debe decidir si procesa a nuevos imputados a los que ha tomado declaración y estudiar el resultado de comisiones rogatorias libradas a las autoridades de Andorra, Gibraltar, Isla de Mann y Confederación Suiza, sobre movimientos económicos en paraísos fiscales.

Una vez allí, el Ministerio Fiscal redactará sus escritos de acusación y se citará a los letrados para que presenten los escritos de defensa, último trámite antes del señalamiento del juicio.

La preocupación por la puesta en escena de este macrojuicio ha llevado a la Junta de Andalucía ha pedido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez que le revele algunos de sus secretos para organizar la vista oral del 11-M.

Esta misma semana, el magistrado de la Audiencia Nacional afirmó que la lectura completa de un sumario tan enorme como el de Malaya, con cientos de miles de folios "acarrea un problema de prejuicio del magistrado ponente" por lo que recomendó "realizar un índice" del sumario previamente digitalizado.

En ello andan los técnicos del gobierno andaluz, que ya han digitalizado 150.000 folios de la primera fase del caso. La digitalización se está haciendo siguiendo los criterios del juez Óscar Pérez y sin que los documentos salgan "en ningún momento" del juzgado número 5 de Marbella, encargado de su custodia.

Cuando el instructor lo decida, se harán las copias para las partes del caso. El juicio, para el que todavía no hay fecha, se celebrará en un lugar de la Ciudad de la Justicia de Málaga que no altere el funcionamiento normal de las instalaciones, ya que puede prolongarse durante meses.