Los sindicatos, divididos ante la huelga del jueves en las escuelas

El jueves, 13 de noviembre, puede ser un día anormal en las escuelas e institutos catalanes. Hay convocada una jornada de huelga para protestar por el proyecto de ley de Educación, que el Parlament empieza a debatir el miércoles. Aunque los sindicatos llegan divididos -unos están a favor y otros, junto con las asociaciones de padres, están en contra del paro- algunos centros escolares pueden verse afectados.

Los convocantes del paro son USTEC -sindicato mayoritario en la escuela pública-, ASPEC (tercero en la enseñanza secundaria) y la minoritaria CGT. El impacto de la convocatoria está por ver. CC OO, UGT y USoC -el principal sindicato de la escuela concertada- no apoyan la jornada de huelga.

CC OO y UGT se desmarcan de la huelga y convocan otra para el día 30

Los centros escolares deberán permanecer abiertos para que, las familias que lo deseen, puedan llevar a sus hijos a la escuela con normalidad.

El pasado mes de febrero ya hubo un paro en los centros no universitarios contra el anteproyecto de ley. Pero la convocatoria fue entonces unitaria de todos los sindicatos. La situación ahora es diferente por la división sindical. CC OO, UGT y las asociaciones de padres se han desmarcado de la huelga y han decidido hacer presión ante el Parlament proponiendo enmiendas a los grupos de la cámara. Además, preparan una manifestación contra la ley en una fecha distinta, el próximo domingo 30 de noviembre.

USTEC "exige la retirada" del proyecto de ley. "No aporta soluciones a ninguno de los problemas que tienen los centros públicos, sino todo lo contrario: destina más dinero público a los centros concertados, propone una gestión empresarial para los centros públicos, consolida la sexta hora [de clase diaria en primaria], abre nuevas vías de gestión privada a partir de la municipalización, desregulariza las condiciones de trabajo del profesorado y sitúa la educación dentro de la lógica del mercado", reprocha la portavoz del sindicato, Rosa Cañadell.

Xavier Massó, secretario general de ASPEC, asegura que la autonomía de los centros escolares que prevé la ley "está concebida como franquicia comercial". Añade que hay "inhibición de la Administración en calidad de garante de la igualdad de oportunidades, relegando la escuela pública a funciones asistenciales y subsidiarias" y recalca que los docentes perderán la mutua específica de los funcionarios y pasarán al régimen de la Seguridad Social, aunque los actuales podrían mantener el régimen actual.

Para Emili Cortavitarte, secretario general de CGT, "faltan medidas concretas de apoyo a la educación pública de calidad". La ley, asegura, comportará "una mayor privatización de la enseñanza, introducirá métodos de gestión privada en los centros públicos y la jerarquizará y desregulará nuestras condiciones laborales".