El búnker de los exámenes

Lo llaman búnker. O cámara acorazada. Pero no tienen ni idea de cómo es ni dónde está. La habitación en la que se guardan los exámenes de las oposiciones a la Administración Pública es el secreto mejor guardado de la Xunta. Los funcionarios saben que existe, han oído hablar de él, pero jamás han visto, ni de lejos, este espacio de apenas 40 metros cuadrados oculto en los edificios de San Caetano. Sólo pueden pisarlo un presidente de tribunal junto con un secretario. Nadie más. La entrada a la habitación está vetada, incluso, a la policía y a los vigilantes de seguridad de la Xunta.

Dentro del búnker sólo hay una mesa de madera con tres cajones, dos sillas y, lo más importante, 53 cajas fuertes empotradas a las cuatro paredes de la habitación. En ellas se guardan todos los exámenes. Los que todavía no se han hecho, los ya rellenados e incluso los corregidos, que permanecen allí hasta que los opositores aprobados empiezan a trabajar, un año después de la prueba. Después, se trasladan al archivo de Función Pública. En 2007, el búnker albergó más de 50.000 ejercicios.

Sólo están autorizados a entrar el presidente y el secretario de un tribunal

Los funcionarios de la Xunta no saben dónde está ubicada la habitación

Las tres únicas personas que pueden asomarse a la habitación se necesitan unas a otras para hacerlo. Después de desactivar las cámaras de vídeo vigilancia que detectan la presencia en el búnker, empieza el ritual. Un policía introduce una llave en la cerradura de una puerta aparentemente convencional que, en realidad, sólo se abre con un cerrojo biométrico. Es decir, con la huella dactilar de un presidente de tribunal. Sólo así, el agente puede hacer girar la llave de la puerta. Aquí termina su papel, él no podrá entrar en el búnker. El secretario tiene otra llave en su poder. Sólo él conoce la combinación numérica que abre las cajas fuertes y que varía en cada proceso de selección. Después, cuando ambos salen de la habitación, el policía vuelve a conectar las cámaras de seguridad.

Esta es sólo la descripción de un simulacro. Las personas que aparecen en la foto son, efectivamente, un presidente y un secretario de tribunal, pero no están depositando ni extrayendo exámenes de las cajas. La seguridad para evitar filtraciones es la máxima de los tribunales, responsables de la cautela de los exámenes, y de Función Pública, que colabora en la "logística y la planificación de las pruebas", explica su directora general, Mar Rodríguez.

El secretismo rodea los exámenes desde mucho antes de llegar a las cajas fuertes. La impresión, si se trata de convocatorias poco numerosas, se realiza en la sala de fotocopiado de San Caetano, una habitación en la que, igual que en la cámara, sólo pueden entrar el presidente y el secretario de un tribunal con sus huellas dactilares. Ahí dentro está la máquina que corrige los exámenes, un ordenador no conectado a la red de la Xunta, una impresora, una fotocopiadora y una destructora de papel. Cuando esta habitación se queda pequeña, los exámenes se reproducen, siempre uno o dos días antes de la prueba, en dos imprentas que tienen cláusulas de confidencialidad. Los únicos que pueden presenciar la impresión de los ejercicios son el presidente y el secretario del tribunal, a quienes la empresa está obligada a entregar las planchas de las pruebas cuando finaliza la impresión.

Luego, un camión blindado lleva las copias empaquetadas al búnker. Y si allí no caben, se trasladan a una habitación custodiada por un guardia hasta el día del examen. Cuando las pruebas ya están en el cuarto -del que Función Pública no puede revelar la ubicación-, se cierra la puerta, se quita la cerradura y se instala otra nueva. El presidente y el secretario se quedan con las llaves y el cerrojo antiguo hasta el día siguiente, antes del examen, cuando vuelven para recoger los ejercicios.

Este sistema de seguridad tiene un año y medio de vida. Antes, las pruebas se guardaban en los sótanos de la Escola Galega de Administración Pública, de donde desaparecieron 123 exámenes de una oposición de aparejadores a finales de 2006. El suceso provocó la dimisión del director general de Función Pública entonces, José Rodríguez.

Las reglas del nuevo búnker, hasta hoy, sólo han sufrido un cambio. El presidente del tribunal puede autorizar a un operario para que entre en la sala con el palé que transporta los exámenes. Antes de la modificación del protocolo, un presidente y un secretario se dejaron la espalda entrando cajas en la cámara.