Los partidos pactan acabar este año la investigación del 'caso Irún'
La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga si hubo responsabilidades políticas en la malversación cometida en la oficina de la Hacienda foral de Irún ha delimitado cuatro grandes bloques de trabajo para determinar si fue correcta o no la actuación de la Diputación durante los años en que la trama delictiva defraudó más de ocho millones de euros al erario público. Los grupos políticos, reunidos ayer para resolver asuntos de "procedimiento interno", acordaron que la comisión emita sus conclusiones antes de finalizar este año.
La investigación en las Juntas del caso de la Hacienda de Irún, puesta en marcha hace un año, ha entrado de lleno en la fase resolutiva y la comisión deberá elaborar sus conclusiones antes de un mes y medio, a partir de los testimonios recogidos en las Juntas y de las pruebas y documentos aportados por la Diputación a lo largo del proceso. Durante este año, los grupos junteros han pedido una treintena de comparecencias para interrogar, principalmente, a personas que han tenido alguna responsabilidad técnica y política con las labores de recaudación, inspección, coordinación de oficinas tributarias en la Hacienda guipuzcoana, además de representantes sindicales, asesores fiscales y abogados.
Cuatro líneas de trabajo
En la última etapa de las actuaciones, los miembros de la comisión ya han puesto en común los informes previos que servirán como base para formular las conclusiones definitivas del caso. Para facilitar esta tarea, han dividido toda la información acumulada en cuatro líneas de investigación: la organización interna de la Diputación, los servicios de control e intervención en la Hacienda foral, la auditoría interna sobre bajas por insolvencia encargada en 2003 por el anterior Gobierno foral, y un capítulo de "varios". Los comisionados tratarán de dilucidar si existieron complicidades políticas con la red fraudulenta urdida en la oficina tributaria de Irún.
Por este caso se hallan imputados el ex director de la citada delegación tributaria, José María Bravo; su esposa, Rosa Cobos; la funcionaria foral Pilar Gracenea, y Pedro Atristain, socio del primero, además del decorador José Lamy. A finales de octubre pasado, la Hacienda solicitó al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, encargado de esta causa penal, ampliar las imputaciones a otras cuatro personas que considera "colaboradores necesarios" del delito.
