El PSE achaca a disputas internas entre PNV y EA el conflicto de las pensiones

El conflicto surgido con el PSE en torno al complemento de las pensiones más bajas es "una cortina de humo" que arrojan el PNV y EA para disimular sus disputas en torno al proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, llamado a reformar todo el entramado del sistema de lucha contra la pobreza y a reorganizar las ayudas asistenciales. Al menos, así lo aseguran los socialistas, quienes acusan a los dos socios del Gobierno vasco de emprender "una guerra sucia" contra ellos con la vista puesta en las elecciones autonómicas para "hacer fracasar" el proyecto de ley y utilizarlo como arma electoral.

El PSE interpreta así las recientes críticas de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia y de EA (partido que dirige el departamento encargado de dar los complementos) a las enmiendas que ha presentado al proyecto antes de que las mismas sean debatidas en el seno de la ponencia parlamentaria. Según EA, esas enmiendas eliminarán el complemento previsto para las pensiones más bajas a algunos colectivos, como las viudas y viudos jóvenes y los discapacitados leves que pueden trabajar.

El complemento está previsto para que los alrededor de 21.000 pensionistas vascas con los ingresos más bajos, cobren al menos los 700 euros en los que está fijado el Salario Mínimo Interprofesional (prorrateadas las pagas extra de julio y diciembre). El Ministerio de Administraciones Públicas ha advertido que las pensiones no son competencia del Gobierno vasco y por eso los socialistas han presentado unas enmiendas que tratan de soslayar esa advertencia calificando los complementos como una renta de no empleabilidad, destinada a los pensionistas que no pueden trabajar. EA ve en las enmiendas una maniobra que rebaja el espíritu con el que se gestó el acuerdo con el PSE en 2007.

Restricciones

Zabaleta replicó a PNV y EA que las enmiendas de su partido dan seguridad jurídica al complemento de pensiones y, además, elimina las "restricciones" que figuran en el proyecto de ley para acceder a la renta básica.

La parlamentaria apuntó que el proyecto establece que los perceptores de esta renta, también conocida como salario social, no podrán disponer en sus cuentas corrientes de más de 7.392 euros. En la actualidad, ese límite es de 29.568 euros. "Sólo con que a un joven le despidan de su trabajo y le den la indemnización, ya se puede plantar en los 7.400 euros. Y ¿qué pasa entonces? Pues que según el proyecto de ley no tendrá derecho a la renta básica", advirtió Gemma Zabaleta.