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La crisis pone en riesgo el servicio de limpieza en las ciudades

Las empresas suspenderán la prestación si siguen los impagos

La crisis económica y la "asfixia" que dicen sufrir los ayuntamientos puede empezar a notarse en algo que los ciudadanos perciben nada más poner un pie fuera de su casa: la limpieza urbana. La asociación que agrupa a las empresas que prestan ese servicio público en 3.500 municipios (de un total de 8.000) estudia la posibilidad de dejar de hacerlo ante el retraso cada vez mayor de los consistorios a la hora de pagar las facturas cada mes.

"La ley fija un máximo de dos meses para pagar; la media ya estaba en casi seis meses, pero últimamente la demora ha llegado a ocho meses. Entendemos que los ayuntamientos están pasando por serias dificultades, pero algunos nos están utilizando como bancos, y nosotros no somos bancos", protesta Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), que agrupa a una treintena de entidades (entre ellas, filiales de gigantes como FCC, ACS y Ferrovial), da empleo a 90.000 personas y es responsable de la recogida de basuras y el baldeo de las calles en todas las grandes ciudades excepto Sevilla, Palma de Mallorca, Gijón y Valladolid.

"Algunos alcaldes nos están utilizando como bancos", protesta la patronal

Jardón asegura que ya se están dando casos -no dice dónde- en los que la empresa adjudicataria del servicio ha decidido cancelar el contrato y dejar de limpiar. "No queremos alarmar, pero la ley autoriza a rescindir el contrato si el pago se demora más de seis meses. Aunque se trata, por ahora, de municipios pequeños, podría ir a más si la situación empeora", apunta.

¿Por qué lo denuncian en este momento, si siempre ha habido retrasos? "Porque desde enero hemos detectado un deterioro muy, muy acelerado en los pagos. Y nosotros no tenemos otro cliente: si los ayuntamientos dejan de pagar, algunas empresas pueden irse a pique. Antes te enfrentabas a un caso concreto de un ayuntamiento que no pagaba a tiempo; ahora nos tememos que se convierta en algo general", prosigue el empresario. Aselip desconoce cuál fue el volumen de beneficios del sector el año pasado, cuando aún era momento de bonanza.

La asociación considera que, como los contratos de limpieza son de larga duración (una media de 10 años), los ayuntamientos tienden a confiarse y retrasan el pago de la factura mensual, más ahora que se ven con el agua de la crisis al cuello. Pero también cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero podría hacer mucho para ayudar. "Apoyamos la reivindicación de los ayuntamientos: que el Gobierno modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitirles incurrir en déficit como a las comunidades autónomas. Si el Gobierno está dispuesto a inyectar 50.000 millones en su plan de rescate de la banca, podría tomar esta otra medida para salvar el sector privado que gestiona servicios públicos", argumenta Jardón.

Los ayuntamientos están "muy mal" y las empresas van a reclamar "lo suyo". Para empezar, van a exigir el cobro de los intereses por demora que la Ley de Contratos establece cuando el retraso en el pago es excesivo. "Estaríamos hablando de un 11,2% sobre la factura", avisa la asociación. Ya hay empresas que lo cobran a sus ayuntamientos, pero ahora se hará "de forma general".

Aselip ha empezado a pedir entrevistas con los responsables de las grandes ciudades para plantear el problema. Madrid, por ejemplo, ha pasado de pagar en tres meses a hacerlo en cinco. "Y eso que, de los grandes ayuntamientos, es el caso menos malo", afirma Jardón. "En municipios pequeños hay situaciones extremas. Toda la provincia de Granada, excepto la capital, y la de Cádiz... Hay sitios donde se tarda un año en cobrar".

El Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España, admite que la crisis está ralentizando los pagos a las empresas que gestionan servicios. "Vamos a intentar que esto no afecte a las pequeñas empresas, como las que realizan la asistencia a domicilio, pero con las grandes sí está ocurriendo. No podemos hacer otra cosa, estamos asfixiados", justifican desde el Consistorio madrileño.

La batalla por la deuda

Los ayuntamientos españoles llevan meses denunciando las dificultades a las que la crisis les ha condenado. El sistema de financiación municipal no se toca desde hace 30 años -al contrario que el autonómico-, y los alcaldes sostienen que la Administración más cercana al ciudadano está al borde del colapso: cada vez presta más servicios con menos dinero. Algunos ayuntamientos, como los de Madrid o Zaragoza, se han endeudado hasta las cejas en años anteriores; otros abusaron de la venta de suelo y ahora piden ayuda al Gobierno cuando las vacas son flacas. Pero todos están realizando desde hace años, sin tener financiación para ello, tareas que competen a otras Administraciones.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite a los ayuntamientos incurrir en déficit (cerrar los presupuestos con más gastos que ingresos), algo de lo que sí pueden echar mano (con límites) el Gobierno y las comunidades. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dirigida por el socialista Pedro Castro, negocia a contrarreloj con Hacienda para que acabe con esa "discriminación". "Estamos convencidos de que el Gobierno entenderá que esto tiene que cambiar", afirma Castro. Los municipios piden que se les deje incurrir en un déficit del 0,5% del PIB (6.000 millones).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de noviembre de 2008

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