Estepona perdió 17,3 millones por vender parcelas a mitad de precio

En los últimos años, las arcas del Ayuntamiento de Estepona han ido vaciándose como si su fondo estuviera repleto de agujeros. Entre el dinero que se ha escurrido, y que todavía se puede recuperar, hay 17,3 millones de euros que el Consistorio perdió con la venta de parcelas y aprovechamientos urbanísticos a la mitad del precio que tenían en el mercado. El liquidador de las empresas municipales, Juan Manuel de Hoyos, advirtió de esta situación en 2004 al ex alcalde socialista Antonio Barrientos. "No se hizo nada", asegura.

Con el nuevo rumbo que ha tomado el Ayuntamiento esteponero tras el caso Astapa, De Hoyos pretende trasladar al nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), la posibilidad de anular estas operaciones y reclamar el dinero. "El asunto no ha prescrito, pero quien tiene que tomar la iniciativa es el nuevo equipo de gobierno", explica el liquidador.

Las empresas municipales disueltas vendieron ocho parcelas

Las operaciones se cerraron cuando Rosa Díaz era alcaldesa con el PP

La sugerencia llega en un momento de quiebra económica para Estepona. El municipio necesita unos 50 millones de euros para pagar sus deudas con proveedores y la Seguridad Social, y no podrá recurrir a los bancos en 2009 porque el Consistorio ha sido declarado "inestable presupuestariamente".

Las operaciones urbanísticas por las que el Consistorio esteponero dejó de ingresar esos 17,3 millones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a las tres empresas municipales afectadas: Servicios Estepona XXI, SL; Planeamiento Estepona XXI, SL; y Obras Estepona XXI, SL.

El escrito aborda la venta de ocho parcelas y tres aprovechamientos urbanísticos -derechos de edificación- a través de sociedades municipales en proceso de liquidación. Lo curioso es que las empresas a punto de cerrar no eran dueñas de los terrenos, sino que el Ayuntamiento se los transfirió antes de la venta. El consistorio también recompró aprovechamientos entregados unos años antes para cancelar deudas de la sociedad Obras Estepona XXI, SL, para después revenderlos. "Al ser unas operaciones poco frecuentes en empresas disueltas y ante la posiblidad de que no se hayan hecho con claridad y transparencia es conveniente analizarlas con detalle", aconseja el escrito.

Las parcelas, todas urbanizables, se ofertaron a través de dos anuncios publicados en un diario deportivo en agosto de 2002. En esa época, Rosa Díaz, por aquel entonces del PP, era alcaldesa y tenía como socios de gobierno a ex ediles del GIL.

El primer anuncio, del 6 de agosto, solicitaba ofertas para la compra de tres parcelas (23.000 metros cuadrados) en la zona Arroyo de las Cañas. En los siete días de plazo contestó una sola empresa -Promoción y Desarrollo de Viviendas, SA- que finalmente adquirió el lote por 2,2 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, el precio de mercado de esos terrenos en esa época era de 4,8 millones. Más del doble de lo que se pagó.

La segunda oferta, del 9 de agosto, sacaba al mercado cinco parcelas -unos 27.508 metros cuadrados- en el Camino de la Resinera. Contestaron tres empresas, dos con el mismo administrador. Finalmente, la compró la sociedad Las Cañas Estepona, SL, por 4,1 millones. El informe del arquitecto las valora en 10,5 millones, más del doble.

La venta de los aprovechamientos urbanísticos se cerró entre mayo de 2002 y enero de 2003. Las sociedades municipales recompraron derechos de construcción que previamente habían entregado y volvieron a venderlos a otras empresas con menos ganancias de las que realmente correspondían.

En Playa Guadalmansa cobraron 3,2 millones por derechos tasados en 8,3 millones; en Cortijo Casareño recibieron 1,5 millones por aprovechamientos valorados en 3,2; y en Llanos de la Voladilla percibieron 3,3 millones, por aprovechamientos tasados en 4,8.

En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de 9 millones y las de aprovechamientos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias en la tasación hicieron que De Hoyos, que en en el momento de la venta de las parcelas no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un estudio jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato. "Del informe se desprende que las transacciones no se ajustan a derecho", concluye. El letrado termina aconsejando ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declaren nulas las ventas y se reclamen los daños y perjuicios causados.