Bajo el foco

Pocos espacios quedarán en el territorio valenciano donde la economía del ladrillo no haya dejado tras sí un rastro de corrupción, tan intenso y extenso que ya se ha convertido en una componente perversa del paisaje físico y humano en forma de desmadres urbanísticos de toda laya y cuerda de reos presuntos con todavía algunos pocos condenados. Mírese por donde se mire ahí están los estragos del desafuero alentado por la codicia generalizada, que algunos describían como coyuntura, y, sobre todo, auspiciado por la imprevisión, cuando no la complicidad política que la retórica oficial pretende encubrir con tintes eufóricos.

El fenómeno, que ha mordido casi por igual en todas las comarcas litorales, se cebó especialmente en la Vega Baja o Baix Segura, esa ancha franja meridional fronteriza del Pais Valenciano con Murcia, que tan peculiar se nos antoja desde el cap i casal vista. Allí, al parecer, estaba abonado el terreno para acoger a toda clase de aventureros, como los nuevos rusos de opacas opulencias y tramas, así como la semilla del agio sin freno en tantos consistorios y munícipes. Una realidad social que propiciaría hoy el interés literario y testimonial de un Roberto Bolaño, escudriñador de submundos blindados contra la ley, como la épica criminal que acontece en Tijuana, pongamos por caso, o de Roberto Saviano, perito en mafias y perseguido por ellas, y aún de nuestro Ferrán Torrent que también ha buceado lo suyo en las trapisondas inmobiliarias y sus agonistas.

Ya nada o muy poco rememora por aquellos parajes la mironiana Orihuela o la marinera Torrevieja, desbordadas por el crecimiento urbano alocado, cuando no afamadas por la gestión irregular o gansteril de alguno o varios munícipes, episodios penosos que han dejado su impronta delictiva asimismo en otras villas -Pilar de la Horadada, Catral o Rojales, sin cerrar la nómina- y esta misma semana en Bigastro y San Fulgencio, donde la policía ha llenado de concejales sus coches camuflados y los jueces repartido no pocas imputaciones por probables delitos varios. Declinamos hablar de colores políticos, pues los hay de amplio espectro entre los arrestados, pero resulta llamativo el caso de la alcaldesa socialista, Trinidad Martínez, y el del contumaz asesor jurídico, José Antonio Ramos Calabria, profesor de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia. ¿Qué enseñará este legalista, dogmática penal, de la que habla otro letrado?

Este comentario no debe cerrarse sin al menos una alusión al esperpento acontecido en Zarra, localidad del Valle de Ayora, donde un padre alcalde e hijo constructor, al alimón, se han puesto las botas levantando chalés en suelo rústico con licencia para casa de aperos. Hay muchos extranjeros entrampados y varias preguntas en el aire: ¿Tan faltos de medios andan los responsables del Territorio y la Unidad de Delitos Urbanísticos, nadie en el pueblo dio la voz de alarma, cómo se les dota de agua, luz y teléfono si son viviendas clandestinas, qué garantías ofrecen las empresas inmobiliarias vendedoras, etcétera?

No tienen estos sucesos el glamour de los grandes eventos, pero seguro que contribuirán a situarnos en el foco de la actualidad, nacional e internacional, como tanto gusta al PP gobernante. Y ojalá que sirvan también para depurar las secuelas políticas del ladrillar, que de tanta laxitud ha gozado.