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La corrupción política anida en la Vega Baja

Las tramas político-empresariales se suceden con el urbanismo de fondo

La honestidad de la clase política en La Vega Baja está tocando fondo. Los cargos públicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e ilícitas relaciones entre política y negocio tejidas en las tres últimas décadas en algunos municipios.

El epicentro del obsceno escenario se sitúa en el urbanismo salvaje. La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusvalías han llevado a políticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la línea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya función supervisora del urbanismo ha sido prácticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la mañana.

La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario

Cartagena, ex alcalde de Orihuela, ya ha pasado por la cárcel

Orihuela y San Fulgencio tienen un nexo en común: las grabaciones

Las últimas víctimas del acoso policial y judicial a la corrupción han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, ambos socialistas. La primera está en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística. Además de los dos alcaldes, el saldo de la última acometida de los jueces y la policía a las tramas de corrupción se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de policía local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.

La abultada lista se refiere únicamente a los pequeños municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupción en La Vega Baja es añejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras Públicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcaldía de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro años por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todavía tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres años de prisión.

Con el cambio de siglo, los focos de la corrupción apuntaron directamente a los dos grandes núcleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde José Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gestión urbanística y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en vía muerta, después de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y vivía en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputación le cerró el paso a la reelección en 2007, aunque su partido volvió a ganar en Orihuela.

El número de escándalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputación por una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca supuestamente con información privilegiada. Hernández Mateo revalidó el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, además, se blindó con el acta de diputado autonómico. Todo ello con el beneplácito de su máximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hernández Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, según expertos urbanistas, es el más depredador del territorio de la comarca y da cobijo, según la policía, a grupos mafiosos por su laberíntica trama.

Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos últimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polarizó la atención de los medios: los 1.200 chalés construidos en plena huerta de Catral, la mayoría en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos están imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodríguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccionó interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos años después no ha aportado una solución definitiva.

La estadística de damnificados, en función del color político, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formación se aplaude la acción de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un líder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.

En apariencia, según los socialistas, la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con distinto rasero. ¿Por qué en el caso Orihuela, con una grabación también sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ¿Por qué el caso de la finca de Hernández Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaración del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.

Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en común: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero está pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario Ángel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsión. Este sumario, bajo secreto desde hace año y medio, está a punto de empezar a caminar y seguro que engordará la lista de arrestados e imputados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de noviembre de 2008