La fiscal pide siete años para cada acusado del acoso inmobiliario en Getxo

La fiscal pidió ayer el ingreso inmediato en prisión de los cuatro acusados de haber ejecutado una estrategia de acoso inmobiliario para lograr que una familia abandonase su vivienda en el palacete Casa Tangora del lujoso barrio de Neguri, en Getxo. La fiscalía pidió en el juicio, que ayer quedó visto para sentencia en un juzgado de lo Penal de Bilbao, la condena tanto del empresario y dueño del primer piso del inmueble, Juan José R., como autor intelectual del acoso como de los tres miembros de una familia de etnia gitana a los que cedió esa vivienda como autores materiales de la estrategia.

Aunque el acoso inmobiliario no está tipificado específicamente en el Código Penal, su práctica se suele encuadrar como delitos contra la integridad moral o de coacción, con penas entre seis meses y tres años de prisión en el primer caso y seis meses y dos años en el segundo.

En este caso, la fiscal pide para cada acusado siete años de prisión por delitos de daños contra la integridad moral, robo con fuerza, allanamiento, amenazas y acoso, como "fotogramas que unidos describen la película" de los 14 meses de hostigamiento entre 2003 y 2004 a que sometieron a la familia que vivía en la planta baja para "obligarles a vender" su casa.

"Lucha por sobrevivir"

La fiscal considera "una desfachatez" que el principal acusado, empresario hotelero, pretendiese hacer creer a la juez en su declaración en la vista que cedió el uso del piso a una familia calificada como conflictiva por el Ayuntamiento de Sestao, donde vivía, "en un ataque filantrópico y un increíble acto de generosidad". Añadió en sus conclusiones que "conocía perfectamente" a la familia gitana, a la que aleccionó para hostigar a sus vecinos, por quienes no sintió compasión. Los afectados, continuó, "lucharon por sobrevivir en una casa que se había vuelto inhabitable" por las amenazas de sus vecinos y las habituales inundaciones, ruidos o destrozos en sus coches y en el edificio.

La representante del Ministerio Público concretó que esa situación "para minar la moral de sus víctimas" llegó después de que la familia rechazase vender su vivienda al empresario.

La acusación particular coincidió con la fiscalía en la petición de penas, pero pide además una indemnización de 100.000 euros para la familia que sufrió el acoso y otros 52.600 euros por los destrozos en su casa.

Las defensas descartaron la planificación del acoso ya que "más allá de las sensaciones y los sentimientos escuchados en el juicio", no se han expuesto hechos concretos ni documentos que acrediten esa trama.