Presupuestos posibles

Creo que el gobierno gallego puede estar satisfecho. Hace un par de meses escribía en las páginas de El País que uno de los tres escollos con los que debía enfrentarse el gobierno, si decidía no adelantar las elecciones, era la elaboración de los presupuestos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y un gasto que no iba a poder crecer mucho más del 4%, las tensiones entre los socios de gobierno estaban servidas. Era la prueba del algodón. Se ha superado holgadamente. Los debates internos no han trascendido, las cuentas se han presentado en plazo y nadie del Ejecutivo se queja públicamente de maltrato.

A partir de ahí, creo que se ha hecho lo que se podía hacer, dadas las restricciones existentes. En primer lugar, con unos Presupuestos que crecen tan poco, el margen de maniobra real es mínimo. Existen gastos que difícilmente se pueden soslayar, que tienen una dinámica inercial y que suponen una parte fundamental del Presupuesto: salarios, intereses de deuda, conciertos con colegios o financiación local y universitaria, entre otros. Son compromisos adquiridos con agentes públicos y privados en acuerdos bilaterales, mesas de negociación, o mercados financieros. En segundo lugar, tenemos la Ley de Dependencia: para cumplir los objetivos dibujados hasta el horizonte del 2015, el gasto correspondiente debe crecer de forma sustancial. Finalmente, aparecen las medidas de choque contra la crisis económica, en el plano laboral y en de la inversión pública. En 2009 Galicia seguirá siendo una de las cuatro Comunidades Autónomas, junto a Asturias y las dos Castillas, que dedicarán más de una cuarta parte del Presupuesto a gastos de capital. No acabo de ver cómo se podrían encajar todas estas piezas al mismo tiempo de manera muy diferente.

Entre que le tachen de derrotista o de demasiado optimista, el Gobierno ha optado por lo segundo

Por el lado de los ingresos, caen los corrientes por el efecto de la crisis, crecen ligeramente los que vienen de Europa y aumenta de forma importante el endeudamiento. De hecho, los casi 600 millones de endeudamiento neto previsto son los que sostienen el crecimiento del gasto. ¿Esta cifra es grande o pequeña? Equivale al 1% del PIB regional, que es el margen disponible para todas las autonomías; y lógicamente hace aumentar la deuda en términos de PIB, manteniendo a Galicia entre las CC AA peor situadas según este indicador. Lo primero implica que no tiene sentido criticar los Presupuestos porque el déficit y el endeudamiento se quedan cortos: no nos dejan ir más allá. Lo segundo, debe ser matizado. Porque el uso de la ratio entre deuda y PIB no es lo más indicado para los gobiernos autonómicos. Cuando se divide la deuda por los ingresos no financieros, la posición de Galicia es más confortable y en el entorno de la media.

También hay que referirse al cuadro macroeconómico. En síntesis, se critica que es optimista en exceso, al suponer que el PIB va a crecer el 1,3% en 2009. Aquí el Gobierno gallego tenía dos opciones: fijar los objetivos en función de los marcados para España en los Presupuestos del Estado, o utilizar estimaciones más realistas. Si hubiese hecho lo segundo, los Presupuestos del 2009 para Galicia reflejarían una tasa de crecimiento del PIB inferior a la marcada por Solbes; lo que significaría asumir formalmente la pérdida de posiciones y la divergencia respecto a la media española. Entre escoger que le tachen de derrotista o de excesivamente optimista, el Gobierno ha optado por lo segundo. Yo habría hecho lo mismo. Ahora bien, en cuanto Solbes acepte que la realidad va a ser más cruda y mueva ficha, nosotros debemos hacer lo propio, manteniendo siempre un diferencial positivo a nuestro favor.

Finalmente, los Presupuestos avanzan en el camino desbrozado el año pasado desde la Consellería de Economía, con la definición de objetivos e indicadores de las políticas de gasto. No obstante, el camino por recorrer es todavía largo. Y es fundamental que la consecución de objetivos se evalúe ex post: informes periódicos de la propia Administración, el CES de Galicia y/o comisiones de expertos independientes nombradas por el Parlamento son perentorias para incentivar a todos los responsables del gasto.

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