Sólo 27 jueces fueron sancionados tras 1.843 denuncias

La estadística del Consejo del Poder Judicial exhibe un hueco gigantesco entre el número de denuncias que presentan los ciudadanos contra juzgados y las sanciones que recaen finalmente sobre los jueces. En 2007, por ejemplo, hubo 1.843 denuncias de abogados y ciudadanos presentadas directamente ante el Servicio de Inspección del Poder Judicial. Prosperaron poquísimas. Sólo terminaron sancionados 27 jueces, dos de ellos expulsados.

Los vocales del nuevo Consejo se han fijado como gran prioridad "potenciar el servicio de inspección" e incrementar las revisiones de juzgados y tribunales. La intención de los nuevos vocales es imprimir un carácter "preventivo a las inspecciones" y que, las que se hagan, sean "minuciosas". En esta tarea se quiere implicar aún más a los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades. La inquietud social que ha deparado el caso de la niña de Huelva Mari Luz Cortés (presuntamente asesinada por un pederasta que no estaba preso porque al juez se le olvidó encarcelarlo, pese a estar condenado en firme) subyace en la nueva filosofía inspectora del Consejo.

Para desarrollar este plan, los vocales del nuevo Poder Judicial, tanto progresistas como conservadores, han decidido huir del partidismo y otorgar el mayor consenso a las personas que han de llevarlo a cabo. De momento, no hay un acuerdo, aunque ya hay nombres sobre la mesa.

Como vocal delegada de la inspección, los progresistas hablan de la ex fiscal Almudena Lastra. Inicialmente, los conservadores han mostrado su recelo a que una fiscal se encargue de vigilar a los jueces, pero estarían dispuestos a aceptarla si ellos, a cambio, eligen al jefe de la inspección. Para este cargo han pensado, entre otras personas, en la magistrada de Barcelona Beatriz Grande.

Los progresistas creen fundamental que haya buen entendimiento entre la vocal delegada y el jefe de la inspección, de ahí que apuesten, entre otros nombres colocados que se estudian, por Juan Pedro Quintana, ex portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

Quienes sean finalmente elegidos deberán impulsar la inspección preventiva (la previsión para 2008 es realizar un total de 393 inspecciones). Y también dispondrán de más medios para indagar los cientos de denuncias que llegan anualmente al Consejo contra jueces. La gran mayoría quedan en nada. Fuentes jurídicas explican: "Casi todas esas denuncias van dirigidas contra jueces y son archivadas al instante porque tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, que sólo cabe atacar mediante recursos, y otras no imputables al juez sino al generalizado colapso judicial: retrasos, tardanza en la celebración de juicios o discrepancias con la sentencia".

"Pero es verdad", añaden estas fuentes, "que hay denuncias que sí tocan de lleno a jueces y que, por corporativismo, falta de medios o lo que sea, acaban en nada o no se indagan lo suficiente".

Datos facilitados por el Poder Judicial relativos a 2007 muestran el inmenso agujero entre las denuncias ciudadanas y los expedientes y sanciones que finalmente se derivan de ellas. En España hay 4.400 jueces y magistrados.

En 2007, sólo 27 del total de 47 expedientes disciplinarios resueltos acabaron en sanción. Y sólo siete de esos 27 expedientes concluyeron con sanción por falta muy grave (que en dos casos supuso la expulsión del juez expedientado). Uno de estos casos es el de la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos cuyas condenas habían expirado y pese a ello siguieron presos. A uno de estos presos lo mantuvo en prisión 437 días más de lo que se indicaba en la sentencia. Otro juez separado, de momento, de la carrera es Francisco Javier de Urquía, el ex juez de Marbella condenado por un caso de corrupción. Supuestamente recibió dinero del ex asesor de urbanismo de Marbella y cerebro del caso Malaya Juan Antonio Roca.

En los otros casos catalogados muy graves, la sanción consistió en suspensión temporal de empleo y sueldo del juez (entre uno y siete meses). Cinco meses fue apartado de la carrera un juez que abusó de su autoridad. Otros 16 expedientes fueron catalogados sólo como graves y de ellos se derivaron multas de entre 100 y 2.000 euros. Las causas más comunes fueron abuso grave de autoridad, retraso injustificado en la tramitación de procedimientos que tenían a su cargo y empleo de "expresiones innecesarias o improcedentes" en resoluciones judiciales... Por falta leve fueron "advertidos" cuatro jueces: por "desconsideración con otros compañeros, por incumplir plazos y por no ir al trabajo sin justificación".