Los ancianos no tendrán que pagar con su piso la plaza en una residencia

En función del territorio en que un anciano viva, Álava, Vizcaya o Guipúzcoa, las posibilidades que tiene de acceder a una plaza en una residencia pública varían. Los mayores alaveses disfrutan de mejores servicios sociales que el resto de los vascos, así que tienen más posibilidades de lograr esa plaza. Aunque los partidos se hartan de repetir que el acceso a las prestaciones no puede depender del lugar en que uno viva, el hecho es que en Euskadi existen tres velocidades diferentes y Álava marcha en cabeza. Para que esa brecha se cierre y todos los ciudadanos vascos tengan derecho a las mismas prestaciones, el Departamento de Asuntos Sociales y el PSE sellaron ayer su pacto sobre el proyecto de ley de Servicios Sociales, lo que garantiza su aprobación en el Parlamento antes de que concluya esta legislatura, que en este caso supone antes de que acabe el año. Aunque el tiempo apremia, el consejero Javier Madrazo y el portavoz socialista en la Cámara, José Antonio Pastor, han empeñado su palabra en que la ley saldrá adelante.

El copago con un piso se reducirá a las viviendas de un valor "excepcional"

El ejemplo de las residencias es el que mejor explica el desfase entre los territorios y el más gráfico para percatarse de que el colectivo de mayores será el que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones en los próximos años. El acuerdo entre Madrazo y los socialistas ha servido para pulir algunos aspectos, como el relativo al reconocimiento de deuda, que actualmente aplican las diputaciones alavesa y vizcaína en las residencias de ancianos. Según esa fórmula, el usuario paga una parte del servicio, dependiendo de sus ingresos y su patrimonio, pero a su muerte sus familiares deben responder de la deuda pendiente con todos sus bienes, incluido el piso habitual.

Desde el primer momento, el Gobierno intentó que esa vivienda quedase excluida, pero las diputaciones le forzaron a una solución intermedia cuando remitió el proyecto a la Cámara antes del pasado verano: la vivienda habitual debía figurar entre los bienes reclamables, siempre que su valor no sobrepase una determinada cantidad. Esa suma será el valor de un piso tipo en el mercado. El pacto con el PSE permite excluir totalmente la vivienda habitual, a excepción de aquellas con un valor "excepcional", que Madrazo calificó ayer como "pisos de lujo". Definir qué es una vivienda de valor excepcional queda al posterior desarrollo reglamentario. Lo que dejó claro el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, es que si, por ejemplo, el precio medio de una vivienda en Euskadi asciende a 240.000 euros y el piso del anciano se tasa en 300.000 no se le calificará de valor excepcional. "Tiene que costar bastante más, pero todo queda pendiente de los reglamentos", puntualizó.

El proyecto de ley es el punto de partida para la creación del sistema vasco de servicios sociales, un pilar del Estado de Bienestar que tendrá definitivamente el mismo rango que la sanidad, la educación y las pensiones. Los servicios sociales (residencias, centros de día, servicios de asistencia, telealarma, etcétera) serán un derecho subjetivo, lo que significa que serán exigibles ante los tribunales por cualquier persona que lleve un año empadronada en un municipio vasco. Además, la ley establecerá un catálogo de prestaciones que los ciudadanos podrán reclamar en los tres territorios.