Detenidos una alcaldesa y cuatro ediles por montar un soborno a otro concejal

La historia de la corrupción municipal de la población alicantina de San Fulgencio (12.800 vecinos, el 70% extranjeros de la Unión Europea) debe ser reescrita. El primer capítulo fue la detención el pasado 20 de octubre del concejal de la Agrupación Independiente Mediterránea y miembro del equipo de gobierno, Manuel Barrera. El desencadenante fue la difusión de un vídeo en el que se veía cómo Barrera recibía un sobre con 5.000 euros, anticipo de una cantidad mucho mayor, de manos de unos aparentes promotores. El segundo y sorprendente capítulo se produjo ayer con la detención de la alcaldesa, la socialista Trinidad Martínez, y cuatro ediles -dos de su grupo, el PSOE, y dos independientes-, así como su asesor legal.

El edil fue grabado cuando aceptaba dinero de los falsos empresarios

La paradoja es que todos estos últimos cargos municipales de San Fulgencio han sido apresados por urdir la encerrona en la que falsos empresarios -en realidad, detectives de una empresa pagada presuntamente con dinero municipal- lograron grabar en situación tan comprometida al citado edil independiente, que presuntamente les estorbaba en sus labores y ambiciones políticas y urbanísticas.

La aprobación de planes urbanísticos pareció alimentar el deseo de neutralizar a tal concejal que, por otra parte, también aceptó el soborno: cayó en la trampa y acabó entregando el dinero a la justicia tras ser detenido. Quienes realizaron y difundieron el vídeo que intentaba desacreditar a Barrera no lo pusieron en manos de la justicia, sólo de la prensa.

El edil engañado, al que se escucha en la grabación afirmar "mejor en billetes grandes, que ocupan menos" tras aceptar el sobre con 5.000 euros, en realidad no cobró por favorecer a ningún promotor: detrás del soborno no había empresario alguno, sino miembros de su corporación que deseaban desacreditarlo.

El fiscal anticorrupción Felipe Briones y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos), con apoyo de la comisaría de Alicante, tiraron del hilo del pago a Barrera y comprobaron que había sido obra de la agencia de detectives de Barcelona Ovi Equip. Y, a partir de aquí, averiguaron que el contrato partía del Ayuntamiento de San Fulgencio a través de una red de intermediarios que incluye a una persona vinculada a los servicios secretos.

El montaje le ha costado la detención, amén de a la alcaldesa y a los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González -los tres fueron suspendidos de militancia ayer por el PSOE-, a los independientes Mariano Martí y Remedios Villena, al asesor legal José Antonio Ramos Calabria y al jefe de la Policía Municipal, Bernardo Cortizo.

Lo inusual de este delito -tender una trampa para que un concejal cobre un soborno que en realidad procede de las arcas municipales- hace barajar diversas hipótesis sobre los cargos imputables a quienes urdieron la encerrona. ¿Cohecho, prevaricación, malversación? Más complicado se presenta el papel de Barrera, que aceptó cobrar por un favor imposible a unos falsos empresarios por un falso plan urbanístico. Y, para enredar aún más la trama, Barrera fue ayer denunciado por los dos ediles de su partido, ambos extranjeros. Los dos únicos miembros del equipo de gobierno, formado por ocho concejales, que no han pasado por el cuartelillo.

'Mejor en billetes grandes, ocupan menos espacio'