Cierval entrega a Alarte sus prioridades contra la crisis

El comité ejecutivo de la patronal Cierval entregó ayer al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, un documento con las prioridades empresariales exigidas a las administraciones para paliar los efectos de la crisis económica, a partir de la actualización de las conclusiones de la Cumbre de Peñíscola

En su primer encuentro con el líder de los socialistas valencianos, el presidente de Cierval, Rafael Ferrando, pidió a Alarte que ejerciera su influencia en el Gobierno central para que ejecute con la mayor celeridad posible las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo, así como el restablecimiento urgente de la confianza en el sistema financiero. Alarte recogió el guante y se comprometió a incidir en ambos sentidos, así como en el desarrollo del Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace) y en el reto de establecer las bases de un nuevo desarrollo económico y territorial.

Entre las medidas urgentes planteadas por los empresarios contra la crisis, Cierval reclama instrumentos para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y pymes, para generar liquidez y que puedan desarrollar sus inversiones y financiar su circulante.

La patronal subraya también la necesidad de dotar "de la máxima prioridad política y presupuestaria" a las políticas públicas de refuerzo de la competitividad empresarial y regional, entre las que se encuentra el apoyo a I+D+i. Asimismo, apuesta por reducir la presión fiscal y las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que a su juicio permitiría incentivar la inversión y la creación de empleo, con una mayor utilización de las mutuas en las prestaciones de servicios.

Cierval también exige que se fomente la inversión pública en infraestructuras reorientando el gasto corriente, con participación del sector privado, y que se estudie un apoyo coyuntural al sector de la vivienda y a la rehabilitación. Otra de las medidas es contener el gasto público hasta que se recupere la senda de crecimiento a medio plazo, con la excepción de la inversión en infraestructuras productivas (aquellas que contribuyen directa o indirectamente a la mejora de la competitividad) y flexibilizar los mercados de bienes y servicios y el mercado laboral.

La patronal también exige a las administraciones públicas el cumplimiento "con puntualidad" de los plazos administrativos y de pagos y una mayor eficiencia y agilidad en sus actuaciones.