El fiscal pide 10 años para los cabecillas del 'caso Karlos'

El fiscal del Juzgado número 1 de Cádiz, Juan Bosco Anet, ha pedido una pena de cuatro años y seis meses de prisión para María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, por su implicación en la Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social. La Guardia Civil desarticuló en abril de 2006 una organización que vendía informes médicos falsos para lograr pensiones de invalidez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros. El Ministerio Público también pide diez años de cárcel para cada uno de los dos presuntos cabecillas de la trama. Según las fuentes consultadas, el juicio se podría celebrar en mayo, tres años después de que se destapara un fraude aún sin cuantificar.

El fiscal solicita las penas más duras, diez años de prisión, para el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, y para el inspector médico del Equipo de Valoración de Incapacidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, Francisco Casto. Ambos, presuntos cabecillas, deberán responder de la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad documental, cohecho y actividades prohibidas a funcionario público. Carretero conseguía los clientes y les exigía dinero a cambio de facilitarles pensiones fraudulentas que lograba gracias a los expedientes de incapacidad laboral falsos que firmaba, en connivencia con varios médicos más, el funcionario del SAS Francisco Casto. Finalmente, están imputadas 24 personas entre los mencionados cabecillas, beneficiarios, intermediarios y facultativos.

Anet dedica un apartado del escrito de acusación de casi tres folios a la implicación de María José Campanario y de su madre, Remedios Torres, dos de las imputadas para las que el fiscal solicita un castigo mayor: cuatro años y seis meses de cárcel. Según el fiscal, el intermediario José Luis López, conocido empresario de Ubrique, fue el encargado de poner en contacto a Carlos Carretero con la acusada María José Campanario. El objetivo de la organización era claro: obtener una pensión por incapacidad laboral para la suegra del matador de toros, pese a que ésta "ni siquiera trabajaba".

El fiscal deja muy claro en el documento que Carretero se reunió con Campanario, le exigió el pago de 18.000 euros y que la mujer del diestro abonó el servicio. Hecho el abono, empezó a urdirse el plan. El primer escollo era dar trabajo a la madre de Campanario para poder cobrar una pensión de la Seguridad Social, así es que Carretero, con consentimiento de las partes, dio de alta a Torres en varias empresas que eran controladas por el Grupo Financiero Inmobiliario Jerezano.

Ya con trabajo, debían conseguir una baja médica, que finalmente facilitaron varios facultativos al firmar. Sin ni siquiera ver a la supuesta paciente, certificaron que la madre de Campanario presentaba dolencias "por una torcedura de tobillo y un esguince vertical". Con la baja médica en la mano tenían que propiciar que fuera el inspector médico Francisco Casto quien se encargara del caso. Este asunto se resolvió fijando en Cádiz el domicilio de Remedios Torres, que en realidad tiene residencia en Castellón.

A partir de aquí, el camino era más sencillo. El mencionado inspector médico elaboró un informe "con una propuesta de alta por incapacidad derivada de cervicobraquialgia por hernia fiscal". El caso llegaba ya a la Delegación Provincial de la Seguridad Social y surgía una complicación más. Remedios Torres debía demostrar las dolencias que firmaba Casto para obtener la invalidez y que realmente no padecía. Según describe el fiscal, Casto, "de acuerdo con Carretero, la propia Remedios Torres y su hija María José", decidieron que Torres sería suplantada por la madre de la pareja sentimental del cabecilla de la trama Elisa C., quien sí sufría las dolencias por las que pretendían conseguir la invalidez.