El fiscal acusa de delito urbanístico a Collazo Mato y a un alcalde
El macroproyecto de urbanización del municipio coruñés de Aranga, pactado en secreto por el alcalde, Manuel Brañas (PP) y el empresario del juego José Collazo Mato en noviembre de 2006 ha sido denunciado por la Fiscalía Superior de Galicia ante un juzgado de Betanzos. El ministerio público ve indicios de delito en la operación que se llevó a cabo para recalificar suelo rústico en terrenos para uso industrial y residencial, con el agravante de que son fincas calcinadas por los incendios del verano de 2005.
Tras una investigación abierta a raíz de denuncias vecinales, el fiscal Antonio Roma considera que con el proyecto de urbanización del monte Santiso, el alcalde de Aranga y los responsables de Promotora de Viviendas Urbanas -la empresa propiedad de Collazo- pudieron incurrir en un delito de violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, otro por el uso de información privilegiada aportada por un funcionario o autoridad, y contravenir el artículo 418 del Código Penal que prohíbe la alteración de los precios del libre mercado.
Fue a principios de este año cuando se descubrió que Brañas y Collazo firmaron una propuesta de convenio para urbanizar 300 hectáreas del monte Santiso con la construcción de un gran polígono industrial de 2,5 millones de metros cuadrados y 744 viviendas. El anuncio de este proyecto hasta entonces secreto en este municipio de apenas 2.200 habitantes suscitó una fuerte oposición vecinal, ya que muchos propietarios de suelo rústico fueron vendiendo sus fincas sin saber nada del proyecto. Collazo compró más de 800.000 metros cuadrados antes de desvelarse el macroproyecto.
Fincas calcinadas
La Fiscalía considera que se incurrió en un delito dado que las parcelas compradas como suelo rústico se revalorizaron al ser reconvertidas en suelo urbanizable e industrial. El fiscal considera además delictivo que el cambio de clasificación del suelo ocurriese un año después de que la Conselleria de Medio Rural comunicase al Ayuntamiento que esas parcelas no podían ser destinadas a la construcción residencial o industrial por haber sido pasto de las llamas en la oleada de incendios que vivió Galicia durante el verano de 2005. La normativa de protección del monte obliga a mantener la calificación de suelo rústico de toda finca afectada por incendios forestales.
