Miembros de la dirección del PP arropan a un cargo con condena firme

Poco ha durado, ni siquiera públicamente, el alarde de compromiso con la transparencia, la dignidad, el decoro, la buena fe y la moralidad de los nuevos estatutos del PP autonómico. Después de limitar la apertura de expedientes y la suspensión de funciones y militancia a los casos en los que exista sentencia firme, el PP de Castellón celebró ayer una comparecencia pública presidida por la diputada Andrea Fabra en la que participó también el ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación. Vilanova apareció acompañado no sólo por la hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que acaba de ser designada en el congreso del PP valenciano responsable de la secretaría de Política Social, sino también por el actual alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, que además es vocal de la dirección del PP, designado directamente por el presidente autonómico, Francisco Camps. La presencia de Manuel Vilanova en una rueda de prensa para criticar los presupuestos generales del Estado se debe a que, pese a que presentó su dimisión como alcalde, el PP lo ha mantenido como presidente local.

La sentencia contra Vilanova, que llevó a la pena de un año y seis meses de prisión, más ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, es firme. Según la sentencia, el alcalde demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de una industria, a sabiendas de que actuaba en contra de las disposiciones legales". Vilanova solicitó posteriormente el indulto, apoyado por 268 alcaldes y concejales, pero fue rechazado por la sala segunda del Tribunal Supremo al considerar que "su conducta posterior a la sentencia firme no da muestras de reconocer que la actuación imputada supone una infracción de la legalidad". Uno de los primeros apoyos con los que contó el ex alcalde de Vila-real fue el del propio Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la administración pública y un fraude fiscal.

La presión que Fabra hizo para que Vilanova permaneciese en el cargo no fue, en todo caso, suficiente, y el ahora ex alcalde presentó su dimisión 50 días después de que se hiciera pública la condena.