La tarea más urgente

Las empresas españolas vienen sufriendo, al menos desde principios de este año, una de las peores consecuencias de la crisis financiera global: un angustioso racionamiento del crédito que pone en peligro la supervivencia de muchas de ellas.

La desconfianza provocada por las quiebras bancarias ha llevado al mercado interbancario al colapso y a una sequía insoportable de liquidez, que puede llevar directamente a la quiebra o suspensión de pagos de muchas empresas simplemente porque no encuentran en el mercado dinero suficiente para mantener abiertas sus puertas, aunque se trate de negocios solventes que operan con activos de calidad contrastada.

El crecimiento económico y el empleo de un país se sostienen sobre el normal funcionamiento de las empresas; y las empresas no pueden sobrevivir sin la financiación que permite, por una parte, crecer a través de los proyectos a medio y largo plazo y, por otra, pagar sus gastos diarios. Más allá de las estadísticas, que ya advierten de un parón en seco de los préstamos a las empresas, la medida de la agonía crediticia viene dada, en primer lugar, porque ya no se trata solamente de que las entidades financieras hayan reducido los préstamos para financiar proyectos a medio o largo plazo, sino también porque han secado las líneas de financiación para el día a día. La sed de financiación ha llegado incluso a las letras de cambio y amenaza con dañar el tejido de las pequeñas y medianas empresas. Bancos y cajas de ahorros también tienen sus razones. Aducen que la ventanilla del interbancario está cerrada y que deben velar por reducir el riesgo crediticio después de la catástrofe causada por las hipotecas basura.

Hay que recordar que los Gobiernos europeos y la Administración estadounidense decidieron, con excelente criterio, aplicar ambiciosos planes de avales públicos, aportaciones de capital y garantías de endeudamiento a bancos y empresas; y que estas medidas estaban encaminadas no sólo a salvar a las entidades financieras de la quiebra, sino a eliminar los obstáculos que impiden el flujo del crédito desde los mercados a las entidades financieras y desde éstas a las empresas. El plan económico español, por ejemplo, incluye un fondo de hasta 50.000 millones de euros para comprar activos de calidad y otros 100.000 millones para avalar emisiones de deuda de las entidades de crédito. Desafortunadamente, el plan está aprobado, pero todavía no se ha puesto en marcha. A pesar de la extrema urgencia en restaurar el mercado del crédito, los bancos, cajas y cooperativas de crédito no saben cómo va a funcionar el fondo, ni cómo se van a repartir los avales. Y no sólo hay que hacerlo, sino establecer también los mecanismos de vigilancia necesarios, en el Congreso, para evitar su mal funcionamiento o los abusos.

La economía española atraviesa por una fase crítica en la que el estancamiento del crédito amenaza con agravar el riesgo de recesión y aplazar la recuperación económica, en el mejor de los casos, hasta más allá de 2010. La tarea más urgente hoy, por tanto, es restaurar la financiación crediticia. Y para ello es necesario y perentorio desarrollar los planes de intervención aprobados con el dictamen favorable de los mercados y los ciudadanos. La Administración tiene que ser consciente de que cuanto más se retrase la normalización de los mercados de crédito, más empresas quebrarán, más empleos se perderán y más intensa y duradera será la recesión.