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Ponteareas carga su bancarrota sobre los salarios del personal

El gobierno de PP y UC Paradanta se duplicó el sueldo

El Ayuntamiento de Ponteareas está en quiebra técnica: tiene un presupuesto de 12 millones de euros y una deuda de 16 (más la no contabilizada). Es la herencia de un alcalde legendario, Pepe Castro, que gobernó el municipio entre 1968 y 2000, en que la Justicia lo echó de la poltrona por prevaricación continuada, después de que colocase a 21 militantes del PP en el Ayuntamiento, que ya rebosaba con más de 400 enchufados como personal laboral. Hoy el Ayuntamiento alimenta a 250 empleados laborales y 47 funcionarios. Consumen entre el 66% y el 70% del presupuesto y el Gobierno local ha decidido congelar sueldos para ayudarse en la emergencia financiera. Lo hacen los mismos que se incrementaron sus propios salarios un 100% en los dos últimos años, hasta llegar a los 72.000 euros anuales de Nava Castro, la hija de Pepe, que también es diputada, o los 55.000 del alcalde, Salvador González Solla, un contratado ilegal en excedencia. La mayoría del personal tiene un sueldo base de 575 euros al mes.

La emergencia está marcada por la necesidad de 600.000 euros que el Ayuntamiento quiere obtener en un crédito cuya solicitud precisa autorización de la Xunta, que pone condiciones. El pleno aprobó hace unos días el plan de saneamiento, que a su vez conlleva la elaboración de una relación de puestos de trabajo (RPT), y aquí se hace el nudo. El administrativo que firmó el informe de presentación del plan, con la interventora y secretaria municipales de vacaciones, hace notar su incompetencia para el asunto, pero en el departamento no hay técnicos con la solvencia profesional requerida.

El responsable de Cultura fue contratado como chófer del bibliobús y luego fue bombero. Es yerno de un concejal inhabilitado que con su suegro, gestiona una empresa de espectáculos, Giráldez, que sistemáticamente contrata las orquestas en las fiestas. El coordinador de educación tiene contrato de "auxiliar-guía" y no puede firmar memorias ya que su única cualificación remite a que es secretario de organización de Unión Condado Paradanta, el partido de los Castro. Es habitual que los directores de área en Ponteareas carezcan de titulación para desempeñar ese puesto y tengan subordinados de capacitación académica superior.

Tratando de poner orden, el Gobierno local contrató la RPT a una consultora que al cabo resultó ser una tapadera de Mari Carmen Abeledo, hija del anterior presidente de la Diputación Provincial. Cobró 30.000 euros y su propuesta no contentó a nadie, por lo que hubo que contratar el mismo servicio a otra empresa. Los empleados, mientras, invadían el pleno municipal para exigir mejoras salariales.

El salario base de los 250 contratados es de 575 euros mensuales. Casi todas las nóminas añaden pluses y complementos poco justificados, aunque imprescindibles para que peones, limpiadoras y otros empleos de base acaben cobrando por todos los conceptos unos 725 euros mensuales. Otros, como el citado responsable de Cultura, llegan a 1.400 con complementos como el de "desgaste de vehículo" (250 euros, por utilizar su coche para viajar unos 500 metros, entre el parque de bomberos y el ayuntamiento) o el de "especial de dirección" (270 euros, pese a que sólo tiene a una persona a su cargo).

Una alcaldía hereditaria

Pepe Castro quería que su hijo Juan José le sucediera . Para prepararlo, le nombró responsable de los servicios que sobredimensionaron la plantilla y que ahora se privatizarán. Juan José no pudo sucederle porque fue inhabilitado, como el resto de la Junta de Gobierno, por prevaricación al contratar a 21 militantes del PP, de los que 16 siguen en sus puestos pese a las requisitorias judiciales que piden amortizar las plazas.

Al alcalde, Salvador González Solla, un contratado ilegal que añade ahora el desacato al juez, le sucederá en seis meses Nava, hija de Pepe Castro, diputada popular en Madrid. PP y UCPA nunca han dejado de gobernar ni de hacer contrataciones sin cobertura legal. Ahora tendrán que negociar la nueva RTP con los mismos sindicalistas que han pasado más de un año de baja por acoso laboral.

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