La policía destapa otra trama para estafar con viviendas ilegales

Una fotografía aérea tomada en 2005 demuestra que en el pago de las Canteruelas Viejas, en Chiclana (Cádiz), había un solar baldío. Pero los dueños de las edificaciones allí construidas contaban en 2007 con documentos que aseguraban que sus casas tenían más de cinco años. Eran certificados falsos de obra, según la investigación culminada por la Policía Autonómica.

Con ellos pretendían dar carta de legalidad a viviendas que habían construido sin licencia. La operación Canteruelas, que ha desvelado toda una trama urbanística para la obtención de estos papeles, ha acabado con 18 detenidos e imputados, entre propietarios, tasadores, gestores inmobiliarios e intermediarios.

La investigación, que instruye el juzgado número 2 de Chiclana, se inició hace algo más de un año. Comenzó con la denuncia de un particular. Acababa de comprar una parcela en el pago de las Canteruelas Viejas y pronto descubrió que su finca no estaba ni el Registro de la Propiedad ni en los escritos notariales.

Las primeras indagaciones permitieron descubrir que la parcela que él ya disfrutaba se encontraba a más de 500 metros de donde rezaban los documentos que avalaban su compra.Fue el hilo del que se empezó a tirar. Las escrituras con las que contaba este particular describían una macroedificación de 700 metros cuadrados, dividida en siete partes, que corresponderían a viviendas individuales, entre las que estaba la del denunciante. Pero la policía descubrió pronto que esa supuesta macroedificación nunca había existido. Lo prueban las fotografías áreas oficiales tomadas hace sólo tres años, que desvelan que en la finca no había nada construido. Las escrituras, en cambio, mantenían que ese inmueble tenía más de cinco años, tiempo suficiente para que el delito por haber construido en suelo rústico y sin licencia hubiese prescrito.

La fotografía área y un exhaustivo examen de la documentación del Registro de la Propiedad, de los notarios, del ayuntamiento y diversos expedientes urbanísticos han llevado a la conclusión de que las viviendas contaban con certificados falsos. Una vez demostrado, comenzaron las detenciones. La operación se desarrolló en dos fases.

En la primera fueron detenidos siete compradores. Eran los dueños de las parcelas y los que construyeron hasta cuatro casas. Según la investigación, eran conscientes de la falsedad de los certificados. En la segunda fase fueron arrestados e imputados los promotores, los intermediarios de las operaciones, peritos tasadores y un arquitecto técnico. El nombre de este último profesional aparece también operaciones similares en las que se detectaron técnicas semejantes para lavar viviendas irregulares.

"El modus operandi es similar a otros asuntos ya detectados. La primera vez que lo detectamos fue hace cinco años en Puerto Real. Las pautas son las mismas. Declaran una obra nueva sin cumplir las pautas que establece la ley del suelo", explica el jefe del grupo operativo de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Policía Autonómica en Cádiz, Álvaro de Ory.

La investigación de la Policía ha culminado aunque la instrucción judicial pueda llevar a los agentes a tener que emprender nuevas diligencias. Las indagaciones, al igual que ocurrió en la operación Obra Nueva de la Guardia Civil, también ha llegado a los que han sostenido económicamente esas compraventa de parcelas.

El juez tendrá que analizar la responsabilidad de las entidades bancarias, saber cuál fue su papel y si aceptaron formalizar hipotecas aún sabiendo que se trataba de casas ilegales. La policía sospecha que algunas entidades pudieron colaborar con la red concediendo hipotecas pese a saber que eran viviendas irregulares.

Los detenidos lo fueron como presuntos autores de un delito de falsedad documental y estafa. La Fiscalía está pidiendo para este tipo de casos hasta ocho años de prisión.