Los vecinos no quieren pagar costes

La regularización de casas en Chiclana (Cádiz) se ha convertido en una auténtica pesadilla para sus gobernantes locales. El PSOE lo intentó antes de que un pacto cuatripartito le arrebatara la alcaldía hace un año. Esos primeros pasos dados por los socialistas fueron seguidos por ese nuevo gobierno del PP, IU, PA y PSA (del que recientemente se ha salido, el PSA). A pesar de las críticas realizadas a esos planes, el guión planteado en el anterior mandato se ha mantenido: la empresa del urbanista Manuel Ángel González Fustegueras dividió Chiclana en áreas de gestión básica y abrió una oficina para comenzar a tramitar las solicitudes. Pero el proceso se ha estancado en la aprobación de las ordenanzas que deben servir para comenzar a legalizar las más de 15.000 casas construidas sin licencia en este municipio.

La oposición formada por PSOE, PSA y una edil de IU, votará en contra y paralizará el proceso. Los vecinos tampoco apoyan las iniciativas. Las federaciones que los representan creen que la regularización de estas casas es cara y han pedido asumir sólo los costes de alcantarillado y suministro de agua potable. El concejal de Urbanismo, José Pedro Butrón, ya les ha dicho que eso es inviable.