La Comunidad ya tenía quejas en 2007 de la residencia de Alcorcón

El Gobierno regional conocía desde septiembre de 2007 las quejas por falta de personal realizadas por los familiares de ancianos de la residencia Amma Alcorcón. Incluso, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales llegó a exigir a la empresa que gestiona el centro que contratase a más auxiliares, por considerar que no eran suficientes, y que despidiera a un trabajador, según reconocieron ayer fuentes del Gobierno regional.

El departamento que dirige Engracia Hidalgo recibió hace algo más de un año el informe sobre deficiencias de la residencia enviado por la comisión de familia del asilo. En ese informe se dejaba claro que el principal problema del centro era su plantilla "realmente exigua", que originaba "una manifiesta falta de cuidado en su higiene y atención".

El documento enviado a la dirección de la empresa y a la Comunidad de Madrid hacía referencia a otros 17 problemas, que iban desde la falta de pañales a las equivocaciones en la administración de medicamentos o la escasez de profesionales.

La denuncia de los familiares motivó, según reconoció ayer la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, una inspección del centro, que dio como resultado varios requerimientos a la dirección para que contratara nuevo personal porque no era suficiente el que había, el despido de un trabajador "que cambiaba a los ancianos en el pasillo" y que solucionara los problemas en el suministro de medicamentos a los enfermos de Alzheimer. "En sucesivas visitas de la inspección a la residencia, en octubre y diciembre, los problemas se habían subsanado", explicó un portavoz de la consejería.

Un año después de dichos requerimientos, el Gobierno regional ha abierto otro expediente a la residencia. De nuevo, por "problemas de personal". Además, el expediente se ampliará con las denuncias hechas públicas en los últimos días, tras la muerte de una mujer que se cayó en el centro y la necrosis en una pierna que sufre otra paciente.

Mientras, siguen apareciendo quejas sobre el funcionamiento de la residencia. El Ayuntamiento de Alcorcón (PSOE) ha recibido en los últimos dos días nueve denuncias presentadas a través de su registro, y otras siete verbales. Pero las quejas no se circunscriben ya al centro de Alcorcón, sino que también han aparecido en otros centros gestionados por Amma en la región, que también tienen plazas concertadas con la Comunidad.

Una de esas denuncias es la de Carmen de Barrio. Su padre, Dositeo, de 84 años, ingresó en la residencia que la empresa tiene en Colmenar en junio. Desde entonces, dice la hija, los problemas no han cesado. El pasado miércoles denunció la situación ante la consejería. En su escrito habla de problemas de limpieza, existencia de barreras arquitectónicas en el centro y problemas con el personal. "Tienen muy poca gente y mal pagada; eso provoca que la atención se resienta", explica Carmen muy seria. Y añade: "Son las pequeñas faltas de atención las que provocan problemas graves".

La otra denuncia no es nueva y ha tenido largo recorrido. Se refiere a una anciana de 86 años que permaneció en la residencia de Amma de Puente de Vallecas entre septiembre de 2006 y febrero de 2007, cuando sus familiares decidieron sacarla de allí. En este caso los escritos fueron dirigidos primero a la residencia y luego a la Comunidad, que, después de varios requerimientos, respondió que la atención dispensada a la paciente era buena. Finalmente, el sobrino de la anciana acudió al Defensor del Pueblo, que aún no ha obtenido respuesta de la Administración. Fuentes del Gobierno regional indicaron que la información llegará en breve a la oficina que dirige Enrique Múgica.

La Comisión de Familia de la residencia Amma Alcorcón se ha puesto en contacto asimismo con familiares de ancianos de los centros que la empresa tiene en Coslada y Valdebernardo.

La residencia insistió ayer en un comunicado que está investigando las diferentes denuncias y quejas recibidas y anunció que tomará medidas en caso de que se demuestre alguna negligencia. Además, advirtió de que, según los estudios que maneja la empresa, la satisfacción por el servicio entre familiares y pacientes es "alta", y añadió que el centro cumple la ratio de personal exigida por la legislación.

Esta ratio incluye a todos los trabajadores de una residencia y no sólo a los que tienen relación directa con el paciente. Es de 25 empleados por cada 100 pacientes con bajo grado de dependencia y 35 por cada 100 mayores cuya dependencia es total.