Reforma perentoria

En política es muy importante tener razón. Tener razón de verdad, es decir, tener una posición sobre un asunto en el que es difícil que cualquier persona razonable esté en desacuerdo con ella. Esto no es frecuente que ocurra, porque no es frecuente que se planteen problemas para los que exista una respuesta inequívoca en una sola dirección. Pero a veces ocurre y en tales casos, cuando se puede hacerlo, se debe actuar de manera inmediata.

En este momento nos encontramos en el Parlamento de Andalucía ante un problema ante el que no cabe nada más que una respuesta. Me refiero al caso de la delegación del voto por maternidad, que exigiría la reforma del Reglamento de la Cámara para que fuera posible.

Resulta incomprensible que alguien pueda oponerse a una reforma de esta naturaleza, pues sería la única respuesta al problema coherente con el principio de igualdad. Es absurdo que se estén aprobando normas y recomendando conductas para conseguir la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en los órganos de representación política en todos nuestros niveles de gobierno, y que después no se pongan los medios para que las mujeres puedan desempeñar real y efectivamente la tarea para la que han sido elegidas.

Un partido no puede ser penalizado porque incluya en sus listas mujeres que pueden quedarse embarazadas, porque, de serlo, serían al final las mujeres las que acabarían viendo seriamente amenazada su incorporación a los órganos de representación política. Es una vulneración tan palmaria de la igualdad la que se produce que tendría que estar por encima de toda discusión la aprobación de la norma que la suprimiera.

Dicha norma, en nuestro caso, la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, debería aprobarse por unanimidad y de manera perentoria. No debería dejarse pasar ni un día más del que resulte procesalmente imprescindible para que la reforma estuviera aprobada. Pero si no es posible la unanimidad o el acuerdo con quien esté dispuesto a alcanzarlo, el grupo parlamentario socialista debería hacer uso de su mayoría absoluta para aprobarla.

Es posible y hasta probable que el Reglamento esté necesitado de otras reformas además de ésta. Pero no se puede admitir que se condicione la reforma inmediata del Reglamento para resolver este problema a que se alcance un acuerdo sobre todas las reformas que los distintos grupos parlamentarios puedan proponer. El Reglamento debe reformarse por consenso, por unanimidad, pero puede aprobarse por mayoría absoluta.

Y no es lo mismo reformar el Reglamento en un punto concreto que hacer una reforma general del mismo. Para la reforma general el consenso es imprescindible. Para la reforma que se acaba de proponer, el consenso debería darse por supuesto, es decir, no debería siquiera ser necesario que hubiera que buscarlo. Exigir consenso por parte de algún grupo parlamentario para llevar adelante esta reforma es una suerte de chantaje que no se debería aceptar. A esta reforma no se le puede poner ningún pero. Hay que hacerla ya, desvinculándola de cualesquiera otra que después se puedan pactar. Cualquier maniobra dilatoria tiene que ser cortada de raíz.

El grupo parlamentario socialista dispone de los votos necesarios para hacer esta reforma impostergable y debería hacerle saber a los otros dos grupos parlamentarios que están presentes en el Parlamento que, en caso de que no estuvieran dispuestos a aprobar la reforma, ésta se haría de todas maneras. Y antes y después debería explicar a los ciudadanos el porqué de esta decisión. No creo que nadie tuviera dificultades para entenderla.