Los diputados que se pueda delegar el voto por baja maternal

Las parlamentarias y los parlamentarios son ciudadanos como el resto en casi todo. Tienen algunas diferencias en su actividad y su vida laboral, y una de ellas es que tienen limitada en la Constitución la posibilidad de disfrutar de bajas por enfermedad y, por supuesto, de maternidad y de paternidad. Deben, en todo caso, interrumpir su convalecencia o el cuidado de sus hijos para acudir a votar. La Constitución les exige estar presentes para ejercer su voto y, además, les impide delegarlo.

El Gobierno deberá remitir a la Cámara una propuesta antes de final de año

Las parlamentarias legislan sobre la conciliación de la vida personal y la laboral y reforman leyes para ampliar los permisos de maternidad para los ciudadanos, pero ellas no pueden disfrutarlas. "Estamos obligadas a elegir entre la vida pública y los hijos. Tener hijos no puede ser un obstáculo, un demérito para el ejercicio de la actividad política", aseguró ayer la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón.

Para poner fin a esa situación, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó ayer por unanimidad y en un clima de consenso una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a "remitir al Parlamento un informe sobre las posibles reformas en la normativa vigente en orden a posibilitar el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad a las personas que ostenten un cargo electo".

La Ley de Igualdad ya prevé esta posibilidad, a falta de una regulación legal a la que se remite, y el Congreso aprobó hace dos legislaturas una iniciativa similar. La novedad es que ahora se exige que la propuesta del Gobierno llegue al Congreso "antes de que finalice el periodo de sesiones", es decir, antes de final de año. La reforma se extendería a otros cargos electos, es decir, a parlamentarios autonómicos y a concejales.

No es frecuente que haya unanimidad en el Congreso, pero ayer no hubo ninguna duda de ningún grupo. Todos están de acuerdo en hacer la reforma legal, pero el gran problema es cómo. Hasta ahora todos los intentos han chocado siempre con la Constitución. En 1978 nadie previó la incorporación de las mujeres a la vida pública y, mucho menos, que un político cogiera un permiso por paternidad.

Por eso, el PSOE no excluye en el preámbulo de su propuesta la posibilidad de reformar la Carta Magna, si fuera preciso. De alguna forma, tras la votación de ayer, éste es el único punto de posible reforma de la Constitución que ha constatado que tiene ya apoyo unánime en la Cámara. Un respaldo con el que no cuentan ni la modificación de la preferencia machista de la sucesión a la Corona, ni desde luego las referidas a las comunidades, ni la del Senado.

El texto aprobado por todos los grupos asegura en su exposición de motivos que "deberán reformarse unas u otras normas jurídicas como la Constitución, la Ley Orgánica de Régimen Electoral o, en su caso, los distintos reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado".

No obstante, dentro de ese consenso, algunos grupos dejaron ayer sobre la mesa para su estudio algunas propuestas alternativas para hacer más fácil la reforma. Por ejemplo, la portavoz de CiU, Mercè Pigem, se refirió al voto electrónico. No precisó, pero para eso habría que hacer también, como mínimo, una interpretación muy extensiva de la Constitución. También habría que hacerlo con la propuesta que la diputada del PP, María Nava Castro, insinuó: mediante firma electrónica, certificada por la Fábrica de Moneda.

La proposición no de ley del PSOE aprobada por todos los grupos incluye en su preámbulo la referencia a que en países como "Portugal, Irlanda o Dinamarca se han contemplado sistemas de sustitución de los parlamentarios durante toda su baja por maternidad, renunciando al instituto del voto ponderado". A diferencia de lo que ocurre en el Parlamento de Cataluña, la reforma legal sólo se referirá a bajas por maternidad y paternidad, sin extenderse a casos de bajas por enfermedad.

Un ejemplo práctico: Carme Chacón pudo acogerse al permiso de maternidad como ministra de Defensa, pero tuvo que ir a las votaciones del Congreso.