Los médicos recogen firmas por el escándalo de las resonancias

Los médicos de la red pública valenciana se están movilizando contra el "escándalo" del concierto que cede al sector privado el diagnóstico con resonancia magnética de los pacientes de la red pública hasta 2018 por la astrónómica cifra de 497 millones de euros. A través de una campaña de recogida de firmas, los facultativos pretenden llevar "este desastre asistencial y económico" al Defensor del Pueblo e incluso acudir a los tribunales para evitar que la consejería de Sanidad saque adelante sus planes.

Esta movilización, impulsada por radiólogos y otros especialistas, se une a las críticas que ya han partido de las sociedades de radiólogos, tanto valenciana como estatal, quienes repetidamente se han mostrado contrarios a ceder al sector privado estas exploraciones.

Los médicos recuerdan en un escrito que en 1995, año de la llegada del PP al Consell, la Administración socialista había diseñado un plan, coordinado con los radiólogos, para dotar a los principales hospitales de equipos de resonancia magnética propios. Sin embargo, tres años después se paralizó este proyecto y se cedió al sector privado este servicio a través de un concierto de ocho años de duración (hasta 2008). El presupuesto inicialmente destinado a las adjudicatarias (166 millones de euros) se duplicó debido a la falta de control de las exploraciones, cuya demanda se disparó y con ella los beneficios de las adjudicatarias. Hasta tal punto, que la Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor tasa de exploraciones por resonancia en toda España.

Pero, además del sobrecoste económico, los médicos defienden que esta fórmula presta una peor atención a los pacientes y que ha fragmentado los servicios de radiología: al privatizar el servicio, se limita el acceso de los médicos a estos equipos y, con ello, a su formación.

Ahora, comentan los especialistas, se ha repetido la historia corregida y aumentada. El presupuesto del nuevo concierto, ya adjudicado a los mismos contratistas del concierto anterior más la CAM y Bancaixa, asciende a 497 millones de euros "y seguro que vuelve a rebasarse". "Frente a tanta agresión y despilfarro nos preguntamos si además de ilegítimos, estos hechos son ilegales", se preguntan los impulsores de la campaña.