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La educación pública pide libertad para decidir cómo dar Ciudadanía

Un manifiesto reclama al Consell la retirada de la orden hasta que haya sentencia

La polémica de Educación para la Ciudadanía comienza una semana caliente. Ayer se hizo público un manifiesto de la plataforma unitaria que inicia el jueves la primera de tres protestas consecutivas, hoy se reunirá la secretaria autonómica Concha Gómez con los directores de instituto, mañana los socialistas interpelarán el consejero Alejandro Font de Mora y el jueves harán lo propio con el presidente Francisco Camps. El pulso lanzado por los profesores de Ciudadanía el pasado día 2 de octubre, cuando declararon en concurridas asambleas la guerra a Camps y anunciaron que paralizarán la enseñanza pública si se abre expediente a quien rechace dar la asignatura en inglés, entra en una nueva fase.

Educación presiona a los directores para frenar las protestas de los institutos

La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que integran sindicatos, asociaciones de padres, alumnos y directores y entidades culturales, reclamó ayer "autonomía" docente, de cátedra y de organización en cada centro para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en igualdad de condiciones con el resto de materias, hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dicte sentencia en mayo sobre los recursos presentados. También exigió que no se imponga su enseñanza en inglés, como aún plantean unas instrucciones de la Consejería de Educación emitidas después del auto de suspensión cautelar parcial del TSJ que eliminó la obligatoria evaluación de la materia en lengua inglesa. La Plataforma aludió ayer, para justificar su reclamación de "autonomía" docente, a la Declaración pública sobre Educación para la Ciudadanía en la que el PP se define "objetor de los contenidos" de ética cívica y "defiende la no impartición, mientras no haya un pronunciamiento definitivo del Supremo que unifique doctrina".

La falta de recursos humanos y la "tensión" por la que atraviesan los equipos directivos de los 363 institutos públicos valencianos, sometidos desde hace dos semanas a presiones directas de la Consejería de Educación, ha acelerado la "puesta en marcha" de la Plataforma, explicó ayer Gemma Piqué, vicepresidenta de la Confederación de Padres Gonzalo Anaya. La Plataforma volvió a pedir la dimisión de Font de Mora.

"No queremos un baile de nombres, queremos un cambio en la política educativa", aclaró Piqué. Y el cambio pasa por "abrir un diálogo" en torno a la realidad: más 1.300 barracones donde se forman los niños y los jóvenes valencianos; una ausencia notable de guarderías y escuelas infantiles públicas (sólo 33); un déficit generalizado de maestros de inglés como fija la Ley Orgánica de Educación desde Infantil, y un modelo fallido de bilingüismo que no garantiza la continuidad del valenciano en todas las etapas. Los integrantes de la plataforma, los sindicatos STEPV, CC OO y UGT, la confederación de padres de alumnos, las asociaciones de directores y la Federació Escola Valenciana, firmaron el Manifiesto sobre los retos de la enseñanza. El colectivo espera que un 90% de los centros educativos públicos suscriba la reclamación de que el Consell retire la orden valenciana de Educación para la Ciudadanía.

Mientras tanto, las "presiones directas" de la secretaria autonómica sobre los directores de instituto continúan. Sin ir más lejos, el lunes pasado, el presidente de la Asociación Profesional de Directores de Secundaria fue llamado por Concha Gómez para hacerle unas "observaciones" sobre su centro. Hoy, ha vuelto a citar a los directores con la intención de frenar la "crisis institucional" en el seno de Administración educativa por el rechazo unánime de claustros y equipos directivos.

Piqué hizo un llamamiento a participar el jueves, con una cadena humana ante el Palau de la Generalitat, en la primera de las tres jornadas de protesta convocadas este mes contra la política educativa de Camps.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de octubre de 2008