La primera víctima es el cambio climático

Una víctima inesperada de la crisis financiera puede ser la lucha contra el cambio climático, principal estrategia de la política económica de la Unión Europea durante los dos últimos años. Las reuniones preparatorias del Consejo Europeo de los próximos días 15 y 16 han agudizado las diferencias en el seno de la Unión, especialmente entre Francia y Alemania, sobre éste y otros aspectos. Paralelamente, los responsables de Economía de la UE están ya echando cuentas sobre el impacto de la crisis financiera en la economía real. Es decir, en qué medida el cierre del crédito afectará a la viabilidad de las empresas, a los particulares y al desempleo.

Los sagrados objetivos del 20-20-20 (20% de reducción de CO2, 20% de ahorro energético y 20% de energías renovables) para 2020, que viene propugnando la Comisión Europea desde enero de 2007 para garantizar una economía sostenible, están seriamente amenazados. Quizá eran demasiados veintes para que pudieran encajar con la realidad.

Las reuniones del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de esta semana han puesto de relieve las profundas diferencias entre los Estados. La idea dominante de los críticos es que "todo esto está muy bien, pero con la crisis económica que nos viene encima habrá que hacer una nueva evaluación", señala una fuente comunitaria.

A la vista del panorama, la presidencia francesa de la Unión planteó dar un impulso político a la estrategia sobre cambio climático en el Consejo Europeo que comenzará el próximo día 15, para garantizar la aprobación del paquete en diciembre. Este acuerdo es necesario para que después pueda ser aprobado por el Consejo y el Parlamento, antes de su disolución en junio, y poderlo presentar como propuesta de la Unión Europea en la reunión internacional de Copenhague en diciembre, donde empezará a negociarse la estrategia que sustituirá al Protocolo de Kioto.

Alemania ha planteado muchísimas objeciones. Con lenguaje diplomático pero mucha carga de fondo. La más significativa es la "llamada fuga de carbono", que es la manera discreta de referirse a la deslocalización de empresas. Berlín quiere asegurarse de que las industrias que más energía usan no escaparán a otros países con una legislación menos exigente. Quiere tener la certeza de que estos sectores más contaminantes tendrán derechos de emisión gratuitos. Berlín rechaza también que el reparto del esfuerzo entre los Estados y la distribución de los derechos de emisión se haga "en razón de la solidaridad", según el borrador de conclusiones. Igualmente quiere eliminar las referencias al control de las revisiones periódicas del cumplimiento de los planes nacionales.

En el otro frente, Polonia y varios Estados de la última ampliación han reabierto la polémica sobre el año de referencia para la reducción de emisiones establecido en 2005. Quieren que se tengan en cuenta los recortes de emisiones que ya realizaron en años anteriores, cuando desmantelaron sus antiguas instalaciones industriales.

España respalda "al 100% la propuesta inicial de la Comisión" sobre el reparto de cargas, y en este sentido no está satisfecha con la redacción actual del proyecto de conclusiones. Estima que queda muy abierto y no garantiza lo acordado, señala una fuente en Bruselas.

En este momento "el grupo de países que apoya la propuesta de la Comisión ya no son mayoría", sostiene una fuente comunitaria. Así, lo que está en juego es el mantenimiento de la estrategia sobre cambio climático con la que Unión Europea pretendía aleccionar a Estados Unidos y liderar la próxima batalla del post Kioto a partir de 2012. Si no prospera la iniciativa del 20-20-20, no será tan sólo un revés para la Comisión, sino también para la credibilidad del conjunto de la UE, pues fue negociada con todos los Estados Miembros que la respaldaron después en los Consejos Europeos de 2007 y 2008.

La frontal resistencia de Alemania ha agravado las ya tensas relaciones con Francia. La guerra entre ambos países se mantiene abierta además en otros campos. París quiso incluir en las conclusiones de este Consejo una referencia que permitiera una interpretación flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece que el déficit público de los Estados no rebasará el 3%. Es la conocida y persistente posición francesa: no hay que sacralizar los indicadores de déficit. En este sentido, había incluido en el texto de conclusiones de que "las políticas presupuestarias deben inscribirse en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, cuya aplicación, tal como prevén sus normas, debería reflejar también las excepcionales circunstancias que atravesamos". Alemania rechazó esta referencia a "las circunstancias excepcionales" por considerar que el pacto ya contiene un grado de flexibilidad suficiente para adaptarse a condiciones adversas y especiales.

"Hemos coincidido en la necesidad de un encuentro de alto nivel que vaya más allá del clásico G-8 y creemos que el encuentro debería prepararse adecuadamente, pero no posponerse", explicó Lavrov, tras reunirse con su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier.