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Columna
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Que Madrid no se pare

No hay pasta. A la crisis de carácter planetario que sufre la economía mundial se une la provocada por el pinchazo en la burbuja del ladrillo a nivel local. Del ladrillo chupaban los especuladores inmobiliarios y constructoras, pero también las administraciones autonómicas y locales. Por eso dejaban hacer, porque entraba dinero a paletadas para avivar las calderas y porque podían gastarlo en obras y más obras y sacar pecho en las elecciones. Todo eso se acabó.

Merman los impuestos por construcción, las tasas urbanas, las plusvalías y los beneficios por la venta de suelo. La recaudación ha caído en picado y los consejeros y concejales de Economía y Hacienda hacen encaje de bolillo para sacar las cuentas adelante sin que se les vea el cartón. Si hablamos de ayuntamientos, no hay uno solo que escape del apretón, aunque pocos lo tienen tan crudo como el de Madrid. El Consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón ya estaba tieso en los tiempos de vino y rosas. La gran operación de la M-30 enterró tantos millones de euros como metros de autovía, dejando una macrodeuda que terminarán de pagar los hijos de nuestros nietos. Una factura cuyo plan de pagos fue pensado desde la opulencia, no para encajarlo en una economía de guerra.

Gallardón ha cortado el grifo de las inversiones tratando de salvar lo que lo que más le luce

Y como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, van a cobrar 70 millones menos de lo estimado por esos horrendos pantallones que nos plantaron inmisericordes en los puntos más visibles de la ciudad. Por eso Gallardón ha cortado el grifo de las inversiones tratando de salvar lo que está en marcha y lo que más le luce. A la espera de tiempos mejores quedarán las escuelas infantiles y centros de mayores, que no sólo cuesta levantarlos, sino también mantenerlos.

De la quema se libra en cambio la reforma de Prado-Recoletos, por entenderla emblemática, la operación Madrid Río, la remodelación de Serrano, que costean con plazas de garaje, y peatonalizaciones como la de Fuencarral, porque cuestan poco y la relación lucimiento-precio es magnífica. Con estos u otros criterios de discriminación y parecidas proporciones, casi todos los ayuntamientos de la región se afanan en meter la tijera para salvar los muebles de la quema. La crisis condena al aplazamiento, cuando no al olvido, cualquier proyecto que fuera a financiarse con la obtención de plusvalías urbanísticas.

El caso más paradigmático es la Operación Chamartín, un plan estratégico que ha perdido el tren de las vacas gordas por la codicia de los privados y la chulería o mala cabeza de los políticos que lo han tenido en sus manos. Ni cuando en las tres administraciones gobernaba el PP y había dinero y te quitaban los pisos u oficinas de las manos fueron capaces de ponerse de acuerdo para repartir las plusvalías. Ahora es demasiado tarde, la demanda de suelo está contraída y no salen las cuentas.

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Así que dormirá el sueño de los justos un plan que, además de condicionar los desarrollos de toda la zona, bloquea una obra tan necesaria para racionalizar el tráfico como el bypass norte de la M-30. Un subterráneo que acabaría con el absurdo de un anillo de circunvalación plagado de puentes y túneles que en su tramo norte se topa con cuatro semáforos. Está por ver cuál será el impacto de la crisis en las grandes obras que planeaba la Comunidad de Madrid, pero es seguro que lo habrá. La Ciudad de la Justicia está en el aire, y proyectos que cuestan un pastón, como el polémico cierre de la M-50 bajo el monte del Pardo o la autopista paralela a la carretera de La Coruña, ambos de peaje, podrían ser ralentizados hasta que escampe.

Eso mismo cabría temer a medio plazo de los planes del Ministerio de Fomento para Madrid, aunque en 2009 aumentará la inversión en algo más de un 3%. Magdalena Álvarez tiene sobre su mesa dos radiales de pago cuyos trámites están pidiendo a gritos un empujón. Pendiente sólo de adjudicación está la R-1 , la obra que aliviaría el colapso con que amenaza la autovía hacia Burgos. Pero el mayor reto sería acometer el Plan de Cercanías, para el que ha dispuesto 210 millones de euros de los casi 5.000 que se ambicionan. Un 40% más de vías y 20 nuevas estaciones para mejorar la red de transporte más valorada por los madrileños junto a la del metro. Habrá que afinar el gasto, pero la obra pública debe contribuir a sujetar la actividad de una región que tira del resto del Estado.

No es momento de enredarse en broncas ni ponerse medallas. Las tres administraciones han de coordinarse para sacar el mayor brillo posible a los recursos y remar en la misma dirección. No pueden permitir que Madrid se pare.

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