Jueces y secretarios protestan contra las sanciones por el 'caso Mari Luz'
Ambos colectivos critican la "inaceptable" injerencia de Fernández de la Vega
Los dos colectivos de secretarios judiciales, el Colegio Nacional y la Unión Progresista, han cerrado filas y han convocado una jornada de paro de tres horas, el día 21, en protesta por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria del juzgado de Rafael Tirado, cuyo retraso en ejecutar el ingreso en prisión de Santiago del Valle permitió que éste supuestamente matase a la niña Mari Luz Cortés. Además, los jueces decanos de España, reunidos ayer en Cádiz, expresaron de manera interna su solidaridad con el juez Tirado, y calificaron la sanción de 1.500 euros también por el caso Mari Luz de "injusta". La juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, recalcó que "ese juzgado había sufrido durante tres o cuatro meses la baja de la secretaria sin cubrir, y esa circunstancia hay que valorarla".
El malestar sigue haciendo mella en ambos colectivos, que dan por seguro que la "desmesurada" sanción a Gálvez es el paso previo a los tres años de suspensión que han reclamado públicamente para el juez Tirado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además de la jornada de paro, los secretarios judiciales estudian recomendar a todos sus compañeros que en los próximos traslados nadie solicite la plaza de Gálvez en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, dado que la sanción implica una "pérdida encubierta de destino".
El portavoz del Colegio Nacional de Secretarios, Rafael Lara, y la de la Unión Progresista, Margarita Martínez, afirmaron que entre las acciones conjuntas figura también el apoyo a Gálvez "con todos los medios legales, económicos y profesionales" en las acciones que acuerde plantear contra la sanción del ministerio. También reclamaron el cese del ministro de Justicia "por llevar cinco años de retraso en las reformas y pretender encubrir el tema con la sanción a Gálvez".
Además, Jueces para la Democracia (JpD), el colectivo judicial progresista cuyos cinco representantes en el Consejo del Poder Judicial son clave en la sanción al juez Tirado, divulgó ayer un duro comunicado en el que tilda de "inaceptable" que De la Vega expresase en una entrevista en EL PAÍS su deseo de que se suspendiese por tres años al juez Tirado. Según JpD, esa declaración trasluce una "concepción sucursalista" del Poder Judicial. Además, rechaza la "instrumentalización del asesinato de una niña" para eludir la "patológica burocratización".
Los errores de la funcionaria
Daba órdenes que no le correspondían, no notificaba las resoluciones y acordaba diligencias sin sentido. Los hechos imputados por Justicia a Juana Gálvez, secretaria del juzgado de Rafael Tirado, ayudan a entender el descontrol en la ejecución del ingreso en prisión de Santiago del Valle, que siguió libre dos años más, pudiendo así supuestamente matar a Mari Luz. El primer error fue no notificar a la procuradora de Del Valle y su mujer la obligación de comparecer para comunicarles el ingreso en prisión y en un centro psiquiátrico, respectivamente. Tampoco notificó correctamente la segunda citación a los condenados que ordenó Tirado. La envió a un procurador que no estaba personado en el juicio, pero no al fiscal.
La causa estuvo paralizada desde entonces 18 meses hasta que Gálvez ordenó la detención de Del Valle, algo que sólo puede hacer el juez. Un mes después, contrariando su anterior resolución, acuerda enviar la causa a la fiscalía para que informe sobre si procede o no detener a los penados, pero no la remite hasta cinco meses más tarde, retrasando aún más la causa. Pero la actuación de la secretaria, según la resolución de Justicia, no exculpa a Tirado. Entre los deberes de éste, según el artículo 990 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está el de adoptar "las medidas para que el condenado ingrese en el establecimiento penal".
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